Convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Guanajuato, con el objeto generar la autonomía en los servicios periciales.
La diputada Yulma Rocha Aguilar apuntó que la propuesta tenía como objetivos generales crear un ente autónomo denominado el Instituto Estatal de Servicio Periciales para el sistema de procuración de justicia y un Consejo adscrito a la Fiscalía que sirviera como un órgano de vigilancia y apoyo en las funciones legislativas.
Asimismo, argumentó que el hecho de haberle otorgado autonomía a la Fiscalía no ha cambiado mucho ni internamente ni la percepción de los ciudadanos; indicó que aún veían una Fiscalía rezagada y que tenían un alto porcentaje de delitos sin resolver, tardanza en los dictámenes periciales, sobrecarga laboral y eso daba cuenta de la necesidad de seguir fortaleciendo una instancia primordial en la entidad.
De igual manera, manifestó que la iniciativa era viable con el objetivo de fortalecer en esos términos a la Fiscalía.
En su intervención, Elizabeth Durán Isaís, directora general jurídica de la Fiscalía General, manifestó que al personal de investigación científica con el que cuenta dicha institución, lo rigen los principios institucionales legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y la honradez, además cuentan con especialización y autonomía para la realización de sus peritajes.
Asimismo, enfatizó en que el desarrollo de la función pericial se realizaba con independencia de los ministerios públicos.
Por su parte, la congresista Laura Cristina Márquez Alcalá coincidió con el comentario realizado por el Poder Judicial en la consulta de la iniciativa de que no era ortodoxo incluirlo en la Constitución Política local, afirmó que regularlo en la Constitución no era lo adecuado para atener el tema, y en ese sentido, consideró que era inviable en los términos planteados.
El diputado Gerardo Fernández González subrayó que se argumentaba desde la fiscalía que era una falacia que todo el encargo lo tuviera el fiscal, cuando era público y sabido que el esquema que tenía era muy distinto al del resto de las fiscalías en el país y diferían de decir que no tenía control de eso el fiscal. Asimismo, cuestionó en qué limitaba el tener un ente autónomo en el área de peritajes.
La legisladora Susana Bermúdez Cano mencionó que se partía de una visón ortodoxa del Derecho Constitucional, donde la parte que tenía que ver con los órganos constitucionales autónomos entraba en esa parte orgánica de la Constitución porque ejercen funciones a la par de los Poderes que han sido llamados tradicionales, por lo cual resultaba fundamental que las propuestas fueran acordes a la propia Constitución no solo local sino federal, buscando que no se rompiera la construcción de la misma en una parte dogmática.
Rocha Aguilar manifestó que escuchó con claridad y que era una iniciativa perfectible y para ello estaban en la mesa, con el objetivo de buscar el cómo sí, atendiendo a la necesidad de fortalecimiento de la Fiscalía y pidió que no se perdiera de vista el espíritu inicial de los proponentes. Asimismo, agregó que la opinión del Poder Judicial no era en contra, sino que consideraba que no tenía que entrar en el texto constitucional pero no que no estaba de acuerdo.
La congresista Briseida Anabel Magdaleno González se pronunció en el mismo sentido que sus homólogas Márquez Alcalá y Bermúdez Cano, al considerar que era inviable la propuesta y rompía con la armonía legislativa.
Finalmente, la diputada Susana Bermúdez Cano apuntó que no se podía reformar la Constitución y esperarían a la propuesta en una norma secundaria, por lo que instruyó a la elaboración de un dictamen en sentido negativo de la iniciativa.
En los trabajos de la mesa estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, Yulma Rocha Aguilar, Laura Cristina Márquez Alcalá y Briseida Anabel Magdaleno González; así como el diputado Gerardo Fernández González.
Además, participaron Elizabeth Durán Isaís, directora general jurídica, y Jonathan Moreno Becerra, director de normatividad, ambos de la Fiscalía General ; así como asesores de distintos grupos parlamentarios.