El Pleno del Congreso exhortó a los titulares del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, Servicio de Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera para que establezcan las medidas preventivas y correctivas, como autoridades protectoras de los derechos en materia de datos personales y de contribuyentes, ante los hechos acontecidos el 11 de febrero en Palacio Nacional en los que se violentaron derechos humanos de personas determinadas o periodistas, que los medios de comunicación dieron cuenta.
El diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas señaló que en el momento que un servidor público tomaba protesta del cargo se encontraba obligado, no sólo a expresar las palabras solemnes que mandataba la Carta Magna sino a cumplir a cabalidad y en todo momento con tal propósito.
Precisó que era deber de toda persona funcionaria elegida por la vía electoral o, en su caso por designación, el cumplimento estricto de la norma, guiándose por los principios que la ética pública y el derecho establecen como parámetros y límites de actuación de las y los servidores públicos y debía ser una constante de todo actuar de un funcionario.
Asimismo, subrayó que cumplir y hacer cumplir la Ley era el pilar fundamental del Estado de Derecho y un elemento indispensable para la construcción de la gobernabilidad. Afirmó que el sistema jurídico nacional contaba con organismos dotados de autonomía técnica, presupuestal y especializados en una materia y que era lamentable que al utilizar o buscar establecer una transformación de tipo ideológico y personal, se trastocara el principio de legalidad que establecía que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley expresamente le mandata y nada más.
Alcántar Rojas argumentó que aplicar o ceñirse a lo expresado en la Constitución y las leyes, no era un juramento o un acto protocolario, era ante todo un acto de control del poder mismo y en el ejercicio de ese control del poder se debía evitar la normalización de hechos que puedan afectar a cualquier ciudadano o ciudadana en su esfera jurídica y personal.
Además, mencionó que ante los hechos acontecidos el pasado 11 de febrero, en los que desde Palacio Nacional se violentaron derechos humanos de personas determinadas, según revelaron diversos medios de comunicación, hacían un llamado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al Procuraduría de Defensa del Contribuyente y demás instancias que deben velar por los derechos de los ciudadanos, a atender las evidentes acciones en contra de la normatividad en materia de Datos Personales, del Código Fiscal de la Federación y demás normatividad vulnerada por las declaraciones efectuadas por la persona titular del Poder Ejecutivo federal.
Finalmente, dijo que estaban llamados a construir un dique en contra de cualquier intento de violación al equilibrio de poderes, establecido en pacto federal y que los urgía a ser vigilantes del sistema democrático y constituido en una república federal.
“Es el momento para poder respaldar a las instituciones que todas y todos los mexicanos hemos construido para asegurar la transparencia y la legalidad, reciban un apoyo de la presente Legislatura y más al INAI, órgano garante de todos los datos personales de millones de connacionales”, finalizó Alcántar Rojas.
Para hablar en contra del dictamen hicieron uso de la voz los diputados Cuauhtémoc Becerra González y Ernesto Alejandro Prieto Gallardo; mientras que el legislador Alejandro Arias Ávila y la congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia hablaron a favor.
Al hacer uso de la voz, el diputado Cuauhtémoc Becerra González señaló que existían imprecisiones de fondo que se traducen en la falta de congruencia por las constantes violaciones de las leyes constitucionales del grupo parlamentario iniciante.
La verdadera motivación que está en este exhorto dijo, es la coalición de quienes se unen para rechazar el proyecto político de regeneración de la vida pública, por lo que no estamos dispuestos a acompañar las consideraciones del acuerdo.
Asimismo, el congresista expresó que el acuerdo sobredimensionó la exhibición de un personaje que, arropado por los principios de libertad de expresión y aparente neutralidad periodística se dedicó a hacer política sin pasar por el filtro democrático.
Por su parte, el legislador Alejandro Arias Ávila Arias habló a favor de la propuesta y se refirió a lo que marcan distintas normativas para proteger el ejercicio de la información. Argumentó que el presidente de México divulgó, sin mediar procedimiento salarios de un particular, porque solo las percepciones de los funcionarios son públicas.
En ese sentido, manifestó que el mandatario carecía de facultad para divulgar información personal y que tenía la obligación de respetar los derechos no sólo de Carlos Loret, sino de todos los periodistas y no debió divulgar ese tipo de datos en la mañanera.
Arias Ávila subrayó que quien cometió la violación al derecho humano de acceso a la información o la dependencia que tiene bajo su resguardo esos datos pudieran estar cometiendo el delito de ejercicio ilícito del servicio público, sin embargo, el presidente de la República no podía ser investigado ni imputado por eso, lo cual no quería decir que no hubiera cometido la falta y violado los derechos del periodista.
Por su parte, el congresista Ernesto Alejandro Prieto Gallardo señaló que quienes estuvieran preocupados por meter a la cárcel al mandatario federal promovieran la revocación del mandato.
De igual manera calificó de hipocresía y falsedad la exposición de motivos del punto de acuerdo, al referirse al principio de legalidad, dos días después de que, dijo, se había interpretado la Constitución Política local y autorizado un acuerdo para prorrogar los informes del gobernador del Estado y del fiscal general.
Prieto Gallardo externó su inconformidad de decir que querían salvaguardar los derechos humanos de un pseudo comunicador, que era instrumento de poderes económicos y consideró que su ejercicio periodístico no era creíble y normal, ya que todo su contenido lo enfocaba en golpear la figura del presidente de la República.
En su intervención, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia consideró que las acciones del ejecutivo federal no se habían conducido con rectitud y profesionalismo, por lo que se debía proceder a las investigaciones pertinentes.
“De ninguna manera el poder del estado debe servir para fraguar persecuciones personales o políticas y mucho menos el intimidar o poner en riesgo a nuestros representantes, sea quien sea”, agregó.