Con el objeto de fortalecer la autonomía de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, las diputadas y los diputados que integran el grupo parlamentario del Partido MORENA presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.
Al dar lectura a la exposición de motivos del documento, la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández manifestó que la corrupción era uno de los principales problemas del país y la cual se fortaleció mediante la convivencia entre el poder político y el poder económico durante el periodo neoliberal, acentuando problemas sociales como la desigualdad y la violencia.
La congresista señaló que uno de los elementos que favorecía la repetición de los delitos cometidos por hechos de corrupción era el alto índice de impunidad que prevalecía, particularmente en Guanajuato, y que resultaba preocupante que una de las instituciones diseñadas para combatir esa problemática como lo era la Fiscalía Especializada en materia de delitos contra la corrupción, tuviera resultados poco deseables.
Afirmó que la nula eficacia de dicha fiscalía se confirmaba con el análisis de la operación de las Fiscalías Anticorrupción en México del Instituto Mexicano para la Competitividad 2021, en donde se señaló que en el periodo del 1 de enero de 2019 y al 31 de mayo de 2020, en Guanajuato, la fiscalía especializada no judicializó una sola investigación.
Alcaraz Hernández enfatizó que la mencionada instancia no estaba funcionando de acuerdo con los fines propuestos en la norma, que eran combatir la corrupción y la impunidad.
“Consideramos que se debe fortalecer la autonomía de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, como un inicio para construir una institución con la fuerza e independencia necesaria para investigarlos delitos que tienen que ver con hechos de corrupción”, subrayó la legisladora.
Además, agregó que creían que quien encabece dicha fiscalía no debía tener ningún tipo de dependencia con el titular de la Fiscalía General, como estaba sucediendo hasta ahora, y que se requería un fiscal anticorrupción sin vínculo con facción alguna, para que tuviera la capacidad de investigar cualquier delito, independientemente de la filiación política o económica de quien lo cometa.
Finalmente, dijo que proponían un mecanismo diferente para nombrar al fiscal anticorrupción en el que no participe el fiscal general, sino que sea atribución del Congreso del Estado y con participación ciudadana, mediante un procedimiento que efectivamente garantice la autonomía de dicha fiscalía.
“Con la presente iniciativa proponemos establecer algunas medidas que consideramos necesarias para fortalecer la autonomía de tan importante institución, y con ello contribuir al combate a la corrupción y a la impunidad en el Estado”, finalizó Alcaraz Hernández.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.