Con el objeto de que toda persona tenga derecho a disfrutar del acceso al internet, las diputadas y los diputados que integran el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional formularon una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato para adicionar un párrafo al artículo 1 de la Carta Magna.
Al dar lectura a la exposición de motivos del documento, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia manifestó que las nuevas tecnologías y los avances científicos habían influido en el ámbito de los derechos fundamentales cuya tutela jurisdiccional se caracteriza por un constitucionalismo multinivel.
En este sentido, dijo, que existía una tendencia en el ámbito constitucional y convencional que ha reconocido el acceso a internet como un derecho fundamental, lo cual respondía a un cambio de paradigma que han potenciado las tecnologías de la información y comunicación.
Tiscareño Agoitia se refirió al surgimiento de nuevos derechos y los factores a los que se debían, entre los que mencionó: el fenómeno de la globalización económica y política, los avances científicos y tecnológicos, la internacionalización de los derechos humanos y garantías para su tutela y la existencia de problemáticas comunes.
La legisladora argumentó que el acceso a internet se podía enmarcar dentro de la segunda categoría, y que era uno de los instrumentos que ha contribuido a la evolución de la sociedad porque revolucionó la modalidad de comunicación e influenció la economía, la política y el derecho.
Asimismo, subrayó que la propuesta se centraba sobre el derecho de acceso a internet, el cual debía considerarse un derecho social, o más bien una pretensión subjetiva que debía ser satisfecha con prestaciones públicas, al igual que el derecho a la educación, a la salud y a la providencia social.
La congresista indicó que el uso de internet se estaba convirtiendo en una herramienta imprescindible para la libertad de expresión y para el acceso a la información. También se refirió a países como Finlandia que tienen reconocido el acceso a internet como un derecho.
Además, Tiscareño Agoitia agregó que en vista de que el internet se había convertido en un instrumento indispensable para ejercer diversos derechos humanos, luchar contra la desigualdad y acelerar el desarrollo y el progreso humano, la meta del acceso universal a internet debía de ser prioritaria para todos los Estados, y que la primera acción afirmativa de cumplimiento al mandato constitucional de reconocimiento, respeto, protección y garantía del derecho fundamental al internet por parte del Poder Legislativo, era llevar a cabo su implementación en la Constitución local.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.