En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso local dio cuenta con el informe anual de actividades presentado por el Fiscal General del Estado de Guanajuato, correspondiente al año 2021.
También, se acordó modificar la integración de la Comisión de Fomento Agropecuario para incorporar al diputado Pablo Alonso Ripoll como vocal.
Además, la Asamblea declaró revisados los informes de resultados de las auditorías de desempeño practicada al Poder Ejecutivo estatal con enfoque de resultados del Programa Q3161 Becas y Apoyos para la Población Vulnerable del Estado de Guanajuato, a cargo del Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato; así como de las practicadas a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por las administraciones municipales de Manuel Doblado, Acámbaro, Cuerámaro, Santa Cruz de Juventino Rosas, Abasolo, Tierra Blanca, todas correspondientes al ejercicio fiscal 2020.
De igual manera, se avaló el archivo definitivo de tres propuestas legales. Se trata de dos iniciativas, una de reforma a Ley de Salud estatal que buscaba se plasmara en la norma la conformación del Comité Estatal para la Seguridad en Salud; la otra para crear la Ley para la Evaluación del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Guanajuato; así como de un punto de acuerdo que pretendían por un lado exhortar a autoridades federales a realizar las gestiones para adquirir las vacunas faltantes; así como de aquellas que están por agotarse del esquema básico de vacunación.
En su intervención al hablar en contra del dictamen, la diputada Martha Lourdes Ortega Roque mencionó que en el proceso de análisis se expuso que uno de los motivos por los cuales se consideró que no era viable la iniciativa, fue por el hecho de que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión y del Ejecutivo federal por medio de la Secretaría de Salud, legislar en materia de salubridad.
En ese sentido, Ortega Roque refirió que la propuesta que presentaron no buscaba establecer atribuciones especiales para autoridades estatales o para el Comité de Seguridad en Salud, sino que lo busca elevar a rango de ley.
En contra de archivar la iniciativa de Ley para la Evaluación del Sistema Penal se pronunció el diputado Gerardo Fernández González, quien señaló que no había habido voluntad política y lamentó que se perdiera la oportunidad de atenderlo a profundidad debido eso y no poder crear una ley que les permitiera dar certidumbre y verdaderos instrumentos metodológicos, con la finalidad de evaluar el Sistema de Justicia Penal.
El congresista afirmó que fueron muchas las voces que señalaron la viabilidad, con respectivos ajustes, pero que no hubo disposición. Finalmente, comentó que se volvían a abandonar los temas que generan cambios profundos en Guanajuato.
En rectificación de hechos, la diputada Susana Bermúdez Cano indicó que la voluntad política va a existir, siempre y cuando se cubra la parte constitucional. La congresista refirió que en el análisis de la iniciativa se estudió la Ley Cosmos del Estado de Querétaro, misma que remite a que se firmen convenios de colaboración, acción que se está llevando a cabo en Guanajuato.
Por su parte, Fernández González precisó que el argumento de que la voluntad política siempre iba mientras se respetara la parte constitucional era en esencia falaz, ya que anteriormente por acuerdo político se modificó la fecha de presentación del informe del gobernador, y agregó que si se dejaba en acuerdos de partes se estaba perdiendo una gran oportunidad.
Turnos
A la Comisión de Hacienda y Fiscalización se turnaron para su estudio y dictamen, la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Apaseo el Alto, para que se lleve a cabo una auditoría integral a la administración 2018-2021; así como dos peticiones del ayuntamiento de Yuriria, una para que se le autorice la contratación de uno o varios financiamientos, hasta por 21 millones de pesos, para destinarlos a proyectos de inversión pública productiva; la otra, para que se le avale adquirir uno o varios préstamos para destinarlos a inversiones públicas productivas consistentes en obras, acciones sociales o inversiones que beneficien a la población en pobreza extrema, hasta por 37 millones de pesos.
Mismo trámite tuvo el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato relativo a la revisión practicada a la cuenta pública municipal de Salamanca, correspondiente al ejercicio fiscal 2020.