Convocadas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se llevaron a cabo tres mesas de trabajo para analizar iniciativas en materia de recurso de revisión, paridad dentro del marco jurídico estatal y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa.
Modificaciones en el trámite de recurso de revisión
Carlos Torres, asesor del grupo parlamentario del PRI, expuso el objetivo de la propuesta, que busca, dijo, evitar continuar invadiendo las facultades reservadas al Congreso de la Unión, en el trámite del recurso de revisión contra resoluciones definitivas emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.
La iniciativa plantea la derogación de los artículos 220 y 221 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
Omar Patiño representante de la Auditoría Superior del Estado, apuntó que consideraban la propuesta viable; mientras que Agustín Martínez Elías de la Procuraduría de Derechos Humanos coincidió que la iniciativa obedecía a tratar de equilibrar las competencias entre el estado y la federación y podría fortalecer el Estado de Derecho.
En su oportunidad, Elizabeth Durán Isaís de la Fiscalía General, argumentó que si bien compartían que existía un vició de inconstitucionalidad al invadir atribuciones de competencias legislativas, consideraban que no se tendría que derogar de manera total sino reformar los artículos.
Alejandro Sierra, director jurídico de la Secretaría de Gobierno, manifestó que era clara la finalidad que se buscaba, sin embargo, creían que la propuesta en el articulado no sería viable y se buscaba salvar una inconstitucionalidad derogando y llevaba a no cumplir con un mandato legal que conduciría a otra inconstitucionalidad, por lo que coincidió con lo expuesto por la Fiscalía en el sentido de reformar y no derogar.
Eliverio García Monzón, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, indicó que el único artículo inconstitucional era el 221 y el cual debía adaptarse; y la diputada Susana Bermúdez Cano señaló que coincidían con la propuesta y que la suma de los dos artículos era inconstitucional y una invasión a lo reservado a nivel federal, pero era una preocupación dejar a las autoridades en estado de indefensión o crear una inseguridad jurídica, por lo que tendría que revisarse dónde acomodar el recurso.
De manera general, los participantes señalaron que, si bien se tenía una inconstitucional, no era necesario derogar ambos artículos, sino reformar el 221; que el recurso se tenía que considerar en la Ley de Responsabilidades Administrativas; cómo incluir el medio de impugnación; entre otros aspectos.
Finalmente, la congresista Susana Bermúdez Cano propuso que se llevara a acabo una segunda mesa de trabajo el próximo 14 de septiembre.
Fortalecer la presencia el concepto de paridad dentro del marco jurídico estatal
Al iniciar el análisis, la diputada Susana Bermúdez Cano comentó que si bien han avanzado eran conscientes de todo lo que faltaba por lograr en el ámbito de la igualdad de oportunidades para la participación de las mujeres en el ámbito de la vida política y de la administración pública, por lo que consideraban necesario fortalecer la presencia del concepto de paridad.
Lo anterior, precisó, con el objetivo tanto de refrendar la vocación de igualdad y de libertad que define al estado, como de consolidar una sólida base normativa de principios, a partir de los cuales pueda desarrollarse y perfeccionarse el resto de la legislación a nivel estatal.
La iniciativa pretende fortalecer la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones dentro de la administración pública y la promoción de la paridad de género dentro de consejos y órganos, al reformar las Leyes para la Protección de los Derechos Humanos, de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, Orgánica de la Fiscalía General, Orgánica de la Universidad de Guanajuato y Orgánica del Poder Legislativo.
Rodrigo Sierra del Instituto de Acceso a la Información Pública señaló que estaba a favor de la propuesta, en su planteamiento; Iliana Bernardino Cruz, abogada general de la Universidad de Guanajuato coincidió con su antecesor en incluir el concepto de paridad, al precisar que el diseño de la propuesta se ajustaba al criterio de paridad, sin embargo, en cuanto a lo que incide en su Ley Orgánica indicó que se tenía que agotar un proceso de consulta previa e informada; y Eliverio García Monzón, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, coincidió con sus antecesores en que la reforma era amable y buena.
Para concluir, la congresista Susana Bermúdez Cano realizó diversas puntualizaciones de redacción, y argumentó que la propuesta era viable, salvo en lo relativo a la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato.
Mejorar el funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa
En la tercera mesa de trabajo se discutió la propuesta de reforma al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, que tiene como objeto agilizar el trabajo del Tribunal de Justicia Administrativa y dar una mayor certeza jurídica no sólo a las partes involucradas sino a todos los ciudadanos.
La congresista Susana Bermúdez Cano señaló que se proponía eliminar la consideración de que el Tribunal de Justicia Administrativa estará integrado específicamente por cinco salas, permitiéndole a dicho organismo la libertad para adaptar el número de esas con base a su realidad y necesidades.
También, dijo, se plantea que una vez que el magistrado tome protesta como presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, se separe de la sala de su adscripción, lo que le permitirá enfocarse por completo en las labores propias de su función como presidente.
Eliverio García Monzón, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, enfatizó que se estaría abonando a la autonomía del tribunal, al permitir que sea éste quien pueda adaptar el número de salas y que, ante el incremento de demandas, facilitaría su labor.
Finalmente, Bermúdez Cano solicitó la elaboración del proyecto de dictamen en sentido positivo con la inclusión de las propuestas que el Tribunal de Justicia Administrativa hará llegar.
En los trabajos del día estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano y Yulma Rocha Aguilar; así como los diputados Rolando Fortino Alcántar Rojas y Gerardo Fernández González. Además, participaron representantes de la Fiscalía General, de la Universidad de Guanajuato, del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Secretaría de Gobierno, de la Coordinación General Jurídica, de la Procuraduría de Derechos Humanos, del Instituto de Acceso a la Información Pública, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas; así como asesores de los distintos grupos parlamentarios.