El grupo parlamentario del Partido MORENA presentó una iniciativa de reforma a la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios en materia de empleo.
Al presentar la exposición de motivos, la diputada María Eugenia García Oliveros señaló que, en el último año, entre quienes trabajaron por salario o pago, 26.1% de la población con Orientación Sexual e Identidad de Género (OSIG) LGBTI+ reportó al menos una experiencia de discriminación laboral, frente a 7.9% de la población con OSIG normativa.
Asimismo, dijo que el 14.2% de la población LGBTI+ expresó alguna situación específica de trato desigual, frente a 4.2% de la población no LGBTI+, lo que significa que la experiencia de discriminación en el espacio laboral aparece en una proporción significativamente mayor entre personas LGBTI+, lo cual muestra que el problema no es hipotético ni aislado, sino estructural.
García Oliveros afirmó que el obstáculo principal no radica únicamente en la inexistencia abstracta de derechos, sino en la persistencia de barreras de acceso al empleo, prejuicios en los procesos de reclutamiento, exclusión en ascensos, hostilidad en el ambiente laboral y despidos o tratos diferenciados vinculados a la orientación sexual o a la identidad de género.
Afirmó que la falta de mecanismos públicos de intermediación laboral con enfoque incluyente genera consecuencia especialmente grave al dejar a las personas de la diversidad sexual y de género, en particular a quienes viven formas agravadas de discriminación estructural, en una posición de mayor precariedad económica y social; lo que incrementa el riesgo de informalidad, subempleo, pobreza, dependencia económica, exclusión educativa y exposición a violencias.
La congresista resaltó que no se establecen en la norma de manera expresa mecanismos de inclusión laboral, vinculación para el empleo, capacitación ocupacional, ferias de reclutamiento o una bolsa estatal o municipal de trabajo incluyente.
Finalmente, puntualizó que se pretende, entre otras cosas, la incorporación de atribuciones expresas para que la Secretaría implemente y coordine mecanismos de inclusión laboral dirigidos a las personas de la diversidad sexual y de género; la creación de una bolsa estatal de trabajo incluyente, así como de servicios de vinculación, orientación y coordinación con los sectores público, social y privado; la promoción de bolsas de trabajo, ferias de empleo, capacitación para el trabajo y vinculación con empleadores incluyentes en lo municipal; la inclusión de mecanismos como la contratación pública incluyente, la capacitación para el empleo, la vinculación productiva y las medidas de prioridad.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.