El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) y la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) refrendaron su compromiso de fortalecer los derechos de las mujeres jefas de familia y avanzar en políticas públicas que respondan de manera integral a sus necesidades y circunstancias.
Durante la sesión de la Comisión para la Igualdad de Género fueron aprobados los dictámenes correspondientes a la Ley para Mujeres Jefas de Familia del Estado de Guanajuato (ELD 389/LXVI-I) y a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato (ELD 155A/LXVI-I), con el objetivo de fortalecer el marco jurídico para garantizar los derechos de las mujeres.
Las diputadas Ana María Esquivel y Susana Bermúdez Cano coincidieron en que avanzar hacia una sociedad más igualitaria requiere que las políticas públicas incorporen una verdadera perspectiva de género y respondan de manera integral a las necesidades de las mujeres.
Reconocer a las mujeres jefas de familia y atender sus distintas realidades
Durante su intervención, la diputada Ana María Esquivel destacó que hablar de mujeres jefas de familia significa reconocer a quienes diariamente sostienen sus hogares, toman decisiones, generan ingresos y asumen responsabilidades de cuidado.
“Reconocer a las mujeres como jefas de familia no puede quedarse únicamente en una estadística. Debe traducirse en derechos, en políticas públicas y en acciones concretas que permitan que ellas y sus familias puedan desarrollarse en condiciones de igualdad.”
La legisladora señaló que, de acuerdo con el INEGI, 33 de cada 100 hogares reconocen a una mujer como persona de referencia, lo que evidencia la relevancia de que las instituciones respondan a una realidad social cada vez más visible.
Asimismo, resaltó que las necesidades de las mujeres jefas de familia no son homogéneas, pues existen diferencias entre quienes viven en zonas rurales y urbanas, así como entre mujeres indígenas, afromexicanas, con discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad.
Por ello, subrayó la importancia de construir políticas públicas con una visión integral y transversal, que consideren aspectos como empleo, educación, cuidados, servicios, protección social y autonomía económica.
“Legislar con perspectiva de género también significa escuchar. Escuchar las distintas realidades de las mujeres y entender que una política pública igualitaria no puede construirse desde una sola perspectiva.”
La diputada destacó además que durante el proceso legislativo se incorporó la participación de personas directamente involucradas, incluyendo personas con discapacidad y representantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Igualdad laboral y salarial para fortalecer la autonomía de las mujeres
Por su parte, la diputada Susana Bermúdez Cano destacó que el dictamen en materia de igualdad entre mujeres y hombres fue construido a partir de las distintas visiones políticas representadas en la Comisión para la Igualdad de Género, con un objetivo común: generar condiciones que permitan a las mujeres vivir libres de violencia y discriminación y participar en igualdad de condiciones en los ámbitos laboral, económico, político y social.
Explicó que las reformas comprometen a las instituciones públicas y a los sectores social y privado a generar acciones encaminadas a garantizar la igualdad de oportunidades, avanzar en la igualdad salarial y contribuir a la erradicación de la brecha salarial de género.
“Garantizar una mayor participación igualitaria de las mujeres en los diferentes ámbitos de su vida económica, familiar, de cuidados, laboral, política y social, es avanzar en su autonomía y dignidad.”
Bermúdez Cano enfatizó que garantizar la igualdad también implica reconocer las condiciones que históricamente han limitado la autonomía económica de las mujeres y generar mecanismos que permitan cerrar las brechas existentes.
Fortalecer la protección frente a la violencia
La legisladora también resaltó las modificaciones encaminadas a fortalecer la coordinación entre las autoridades responsables de dar seguimiento a las medidas y órdenes de protección para mujeres, adolescentes, niñas y niños víctimas de violencia.
El dictamen establece que las autoridades administrativas, cuerpos policiales, el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales deberán alimentar el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños, con el propósito de fortalecer el seguimiento y la coordinación institucional.
“Una orden que nadie ejecuta no protege. Una orden que nadie supervisa no protege. La protección debe ser real.”
La diputada enfatizó que una orden de protección no debe entenderse únicamente como un documento jurídico, sino como una herramienta efectiva para prevenir o detener actos de violencia y evitar nuevas agresiones.
Una agenda integral para las mujeres
Desde el Grupo Parlamentario del PAN se destacó que los dictámenes representan avances legislativos que colocan a las mujeres en el centro de las políticas públicas, al abordar de manera integral derechos, igualdad, autonomía económica, cuidados y protección frente a la violencia.
Las legisladoras coincidieron en que el reto no termina con la aprobación de las reformas, sino que requiere coordinación entre instituciones y acciones concretas que permitan que los derechos reconocidos en la ley puedan ejercerse plenamente.
En este sentido, el GPPAN refrendó su compromiso de impulsar una agenda legislativa con perspectiva de género y de continuar promoviendo condiciones para que las mujeres de Guanajuato puedan desarrollarse con igualdad, autonomía y una vida libre de violencia.
Durante la sesión de la Comisión para la Igualdad de Género fueron aprobados los dictámenes correspondientes a la Ley para Mujeres Jefas de Familia del Estado de Guanajuato (ELD 389/LXVI-I) y a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato (ELD 155A/LXVI-I), con el objetivo de fortalecer el marco jurídico para garantizar los derechos de las mujeres.
Las diputadas Ana María Esquivel y Susana Bermúdez Cano coincidieron en que avanzar hacia una sociedad más igualitaria requiere que las políticas públicas incorporen una verdadera perspectiva de género y respondan de manera integral a las necesidades de las mujeres.
Reconocer a las mujeres jefas de familia y atender sus distintas realidades
Durante su intervención, la diputada Ana María Esquivel destacó que hablar de mujeres jefas de familia significa reconocer a quienes diariamente sostienen sus hogares, toman decisiones, generan ingresos y asumen responsabilidades de cuidado.
“Reconocer a las mujeres como jefas de familia no puede quedarse únicamente en una estadística. Debe traducirse en derechos, en políticas públicas y en acciones concretas que permitan que ellas y sus familias puedan desarrollarse en condiciones de igualdad.”
La legisladora señaló que, de acuerdo con el INEGI, 33 de cada 100 hogares reconocen a una mujer como persona de referencia, lo que evidencia la relevancia de que las instituciones respondan a una realidad social cada vez más visible.
Asimismo, resaltó que las necesidades de las mujeres jefas de familia no son homogéneas, pues existen diferencias entre quienes viven en zonas rurales y urbanas, así como entre mujeres indígenas, afromexicanas, con discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad.
Por ello, subrayó la importancia de construir políticas públicas con una visión integral y transversal, que consideren aspectos como empleo, educación, cuidados, servicios, protección social y autonomía económica.
“Legislar con perspectiva de género también significa escuchar. Escuchar las distintas realidades de las mujeres y entender que una política pública igualitaria no puede construirse desde una sola perspectiva.”
La diputada destacó además que durante el proceso legislativo se incorporó la participación de personas directamente involucradas, incluyendo personas con discapacidad y representantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Igualdad laboral y salarial para fortalecer la autonomía de las mujeres
Por su parte, la diputada Susana Bermúdez Cano destacó que el dictamen en materia de igualdad entre mujeres y hombres fue construido a partir de las distintas visiones políticas representadas en la Comisión para la Igualdad de Género, con un objetivo común: generar condiciones que permitan a las mujeres vivir libres de violencia y discriminación y participar en igualdad de condiciones en los ámbitos laboral, económico, político y social.
Explicó que las reformas comprometen a las instituciones públicas y a los sectores social y privado a generar acciones encaminadas a garantizar la igualdad de oportunidades, avanzar en la igualdad salarial y contribuir a la erradicación de la brecha salarial de género.
“Garantizar una mayor participación igualitaria de las mujeres en los diferentes ámbitos de su vida económica, familiar, de cuidados, laboral, política y social, es avanzar en su autonomía y dignidad.”
Bermúdez Cano enfatizó que garantizar la igualdad también implica reconocer las condiciones que históricamente han limitado la autonomía económica de las mujeres y generar mecanismos que permitan cerrar las brechas existentes.
Fortalecer la protección frente a la violencia
La legisladora también resaltó las modificaciones encaminadas a fortalecer la coordinación entre las autoridades responsables de dar seguimiento a las medidas y órdenes de protección para mujeres, adolescentes, niñas y niños víctimas de violencia.
El dictamen establece que las autoridades administrativas, cuerpos policiales, el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales deberán alimentar el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños, con el propósito de fortalecer el seguimiento y la coordinación institucional.
“Una orden que nadie ejecuta no protege. Una orden que nadie supervisa no protege. La protección debe ser real.”
La diputada enfatizó que una orden de protección no debe entenderse únicamente como un documento jurídico, sino como una herramienta efectiva para prevenir o detener actos de violencia y evitar nuevas agresiones.
Una agenda integral para las mujeres
Desde el Grupo Parlamentario del PAN se destacó que los dictámenes representan avances legislativos que colocan a las mujeres en el centro de las políticas públicas, al abordar de manera integral derechos, igualdad, autonomía económica, cuidados y protección frente a la violencia.
Las legisladoras coincidieron en que el reto no termina con la aprobación de las reformas, sino que requiere coordinación entre instituciones y acciones concretas que permitan que los derechos reconocidos en la ley puedan ejercerse plenamente.
En este sentido, el GPPAN refrendó su compromiso de impulsar una agenda legislativa con perspectiva de género y de continuar promoviendo condiciones para que las mujeres de Guanajuato puedan desarrollarse con igualdad, autonomía y una vida libre de violencia.