Convocadas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se llevaron a cabo dos mesas de trabajo para analizar iniciativas en materia de derechos laborales.
Ampliar licencias de paternidad y fortalecer la corresponsabilidad en los cuidados familiares
En primera instancia, se dialogó sobre la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social y al artículo 28 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B, con el objetivo de ampliar y fortalecer las licencias de paternidad en México.
La propuesta plantea reformar la Ley Federal del Trabajo para sustituir el actual permiso de paternidad de cinco días por una licencia de paternidad de doce semanas con goce íntegro de sueldo; que, a solicitud de la persona trabajadora, hasta cuatro de las doce semanas puedan disfrutarse de manera flexible dentro de los doce meses posteriores al nacimiento; que, en caso de adopción, la licencia sea de seis semanas con goce de sueldo íntegro; y que, en caso de fallecimiento de la madre durante el parto o dentro de las doce semanas posteriores, la persona trabajadora que ejerza la paternidad pueda disfrutar del periodo de descanso postparto que le hubiera correspondido a la madre, además de su propia licencia.
En materia de seguridad social, se busca establecer que las personas aseguradas que ejerzan la paternidad tengan derecho a un subsidio equivalente al cien por ciento de su último salario diario de cotización durante el periodo de licencia; y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reconocer las licencias de paternidad en términos equivalentes para las personas trabajadoras al servicio del Estado.
De manera general, los asistentes consideraron que la iniciativa es jurídicamente atendible, materialmente progresiva y políticamente oportuna; no obstante, se estimó pertinente revalorar su contenido, ya que su aprobación en los términos planteados comprometería la coherencia interna del texto y su resistencia a controles jurisdiccionales.
Se subrayó que era un acierto el esquema de gradualidad en tres etapas (4, 8 y 12 semanas) con entrada en vigor diferida a 180 días, la irrenunciabilidad de la licencia, la prohibición de sustitución por compensación y la creación del subsidio. Como áreas de oportunidad, se habló de la adopción, el lenguaje incluyente y la acreditación de filiación.
Se comentó que la asimetría entre doce semanas por nacimiento y seis por adopción no supera el test de igualdad y proporcionalidad, por lo que se recomendaba equiparar ambos supuestos y se puntualizó, en materia de viabilidad financiera, que la ausencia de memoria económico-presupuestaria es una deficiencia de fondo, ya que la viabilidad financiera queda condicionada a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente, antes de cada fase de gradualidad, la verificación actuarial y la previsión de recursos en el Presupuesto de Egresos correspondiente
Finalmente, se refirió que, ante la magnitud de las obligaciones que incorpora para los centros de trabajo y las instituciones de seguridad social, resulta indispensable valorar integralmente sus repercusiones laborales, operativas y presupuestarias a fin de asegurar su viabilidad técnica y debida implementación dentro del marco normativo vigente.
El diputado Rodrigo González Zaragoza manifestó que el fin máximo es que niñas y niños tengan padres y madres presentes y que las labores del hogar sean compartidas entre ambos, a fin de fortalecer los valores familiares de los guanajuatenses.
Por su parte, el legislador Juan Carlos Romero Hicks indicó que es un tema de vanguardia en progresividad de derechos, un tema cultural que tiene un sentido muy importante para las familias.
En la reunión estuvieron presentes las personas diputadas Juan Carlos Romero Hicks, María Eugenia García Oliveros y Rodrigo González Zaragoza, acompañados de representantes de la Consejería Jurídica, de la Secretaría de Finanzas, del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, de la Fiscalía General del Estado, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa y de la Secretaría de las Mujeres.
Garantizar una reincorporación laboral progresiva tras licencias de maternidad y paternidad
En la segunda mesa se analizó la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca generar condiciones que permitan compatibilizar las responsabilidades familiares con el desarrollo profesional, favoreciendo entornos laborales más incluyentes y libres de discriminación.
Se contempla que los centros de trabajo, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones y su capacidad operativa, puedan implementar programas de actualización o capacitación, esquemas temporales de flexibilidad horaria, modalidades de trabajo a distancia o híbridas, así como otras medidas de adaptación gradual que faciliten el retorno al empleo.
La propuesta plantea establecer como obligación de las personas empleadoras la implementación de mecanismos que garanticen una transición laboral progresiva para las personas trabajadoras que se reincorporen a sus labores después de ejercer licencias de maternidad o paternidad, así como de periodos de suspensión temporal derivados de responsabilidades de cuidado familiar.
De manera general, se comentó que la iniciativa era viable, toda vez que las licencias de maternidad y paternidad constituyen un derecho para las mujeres gestantes, sus hijas e hijos recién nacidos y de los padres, que tienen la finalidad de brindar protección a la salud y el trabajo de la persona que interrumpe sus actividades productivas con motivo del parto, además de fomentar paternidades responsables al involucrarlos en los primeros momentos de vida de sus hijos.
De igual manera, se advierte la conveniencia de armonizar las obligaciones de las personas empleadoras en capacitación; que se analicen los impactos operativos y organizacionales, entre otros aspectos.
En la reunión estuvieron presentes las personas diputadas Juan Carlos Romero Hicks y María Eugenia García Oliveros, acompañadas de representantes de la Consejería Jurídica, de la Secretaría de Finanzas, del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, de la Fiscalía General del Estado, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa y de la Secretaría de las Mujeres.