La Comisión de Seguridad Pública realizó tres mesas de trabajo para analizar diversas iniciativas en materia de coordinación de los tres órdenes de gobierno, traslado de vehículos sin servicio de grúa por infracción y mejora regulatoria.
Coordinación de los tres órdenes de gobierno
El primer análisis correspondió a la iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, con el objetivo de sentar las bases para la correcta coordinación de los tres órdenes de gobierno para la atención de la seguridad pública como función del Estado mexicano.
Los asistentes a la mesa de trabajo comentaron que se atienden los compromisos derivados del Acuerdo Nacional para fortalecer a las Instituciones de Seguridad Pública y da cumplimiento a la obligación de armonizar el marco jurídico estatal con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; precisaron que la propuesta fortalece las atribuciones de las instituciones policiales en la entidad para adecuarlas a los desafíos actuales; se formularon diversas observaciones orientadas a corregir incongruencias tales como contradicciones en la derogación orgánica de la Policía Procesal, desajustes en la numeración interna, modificaciones anunciadas que no presentan cambios respecto al texto vigente, supresiones tácitas involuntarias de párrafos vigentes y errores de correspondencia en la estructura de capítulos y adiciones normativas.
Agregaron que si bien la armonización resulta positiva para estandarizar la inteligencia, la coordinación interinstitucional y la tecnología frente a los delitos de alto impacto, la propuesta plantea un alcance parcial que no cubre a cabalidad las exigencias federales en materia de procuración de justicia, acreditación y régimen disciplinario; se sugirió valorar la expedición de una ley integral totalmente nueva en lugar de reformas fragmentadas, asegurando además la congruencia con la normativa del servicio profesional de carrera.
Asimismo, se advirtió que resulta inadecuado homologar a las policías de investigación con la estructura completa de la Agencia de Investigación Criminal, toda vez que esta integra áreas científicas, periciales y de análisis tecnológico que van más allá de la labor policial.
Respecto a la legislación general contra la extorsión, se señaló que la iniciativa únicamente prevé unidades policiales preventivas en la Secretaría de Seguridad y Paz, omitiendo políticas públicas transversales, por lo que se propuso analizar la creación de una ley estatal especial en la materia.
Finalmente, se aclaró que las instancias de coordinación ejecutivas o mesas de paz ya encuentran sustento directo en la norma federal sin exigir forzosamente una adecuación local, se recomendó eliminar la restricción de ingreso por no poseer otra nacionalidad al haber sido suprimida a nivel federal, y se apuntó que el esquema indemnizatorio por separación del servicio ya había quedado formalmente solventado en una reforma estatal previa.
Para concluir, se destacó la incorporación estructural de la función de investigación y la profesionalización de unidades especializadas bajo un modelo de seguridad ciudadana, prevención social y base científica; se subrayó que el requisito de elegibilidad para ocupar la titularidad del Secretariado Ejecutivo Estatal, relativo a no haber compurgado condena por delito doloso, explicando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado precedentes que declaran sobreinclusiva y discriminatoria dicha exigencia al no graduar la gravedad de la conducta, la temporalidad de la sanción ni su vinculación directa con el encargo.
Traslado de vehículos sin servicio de grúa por infracción
La siguiente propuesta correspondió a la que busca modificar la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, con la finalidad de que en caso de alguna infracción que amerite el retiro de la unidad, si el vehículo se puede desplazar por su propia fuerza motriz, se permita al conductor o conductora el traslado o poder llamar al permisionario estatal de grúas de su preferencia.
Los asistentes a la mesa de trabajo externaron la necesidad de ponderar la viabilidad de la iniciativa, señalando que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y el propio articulado de la normativa local disponen que las especificaciones, requerimientos técnicos y características operativas del servicio público de transporte de carga con grúa deben definirse a nivel reglamentario; advirtieron que incorporar supuestos de detalle en el texto de la ley podría invadir la esfera de los reglamentos municipales, los cuales resultan idóneos para atender las particularidades y realidades operativas de cada localidad.
Asimismo, precisaron que la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios ya regula de manera expresa los supuestos excepcionales bajo los cuales elementos estatales o municipales pueden suspender la circulación de vehículos, limitándolos estrictamente a delitos o infracciones flagrantes, requerimientos administrativos o mandatos judiciales para preservar el orden y la paz pública; y recomendaron revisar la pertinencia de las adiciones propuestas sobre el incumplimiento de disposiciones, en virtud de que el mismo ordenamiento legal ya prevé un régimen general de responsabilidad para los servidores públicos que incurran en faltas o desacato a la ley y sus reglamentos, remitiendo a las sanciones contempladas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato e instruyendo mecanismos para facilitar la presentación y trámite de quejas ciudadanas.
Mejora regulatoria
La tercera mesa de trabajo discutió la iniciativa de reforma a la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en materia de trámite burocrático, con el objetivo de avanzar en la simplificación administrativa y fortalecer la eficiencia en la atención a la ciudadanía.
Se externó que la iniciativa resulta plenamente congruente al actualizar la denominación de la Secretaría de Derechos Humanos y se precisó que esa adecuación formaliza y ratifica a dicha secretaría como la entidad rectora responsable de coordinar las políticas públicas orientadas a fomentar la inclusión y erradicar la discriminación dentro del ámbito de la seguridad pública.
Finalmente, el diputado Alejandro Arias Ávila agradeció a cada uno de los presentes las intervenciones vertidas en la reunión, señalando que las diversas aportaciones técnicas y jurídicas presentadas resultan sumamente valiosas para enriquecer el análisis de cada una de las propuestas.
En la reunión estuvieron presentes los diputados Alejandro Arias Ávila y Rolando Fortino Alcantar Rojas; así como representantes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo; de la Fiscalía General del Estado; de la Procuraduría de los Derechos Humanos; de la Secretaría de Obra Pública; de la Secretaría de Gobierno; asesores de los diferentes grupos parlamentarios; y personal de las distintas áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.