La Comisión de Justicia realizó una mesa de trabajo para analizar seis iniciativas de reforma a la Ley para la Administración y Disposición de Bienes Relacionados con Hechos Delictuosos para el estado de Guanajuato; a la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato, a la Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato; a la Ley que Regula las Bases del Permiso para el Establecimiento de las Casas de Empeño en el Estado de Guanajuato y sus Municipios; a la Ley de Expropiación, de Ocupación Temporal y de Limitación de Dominio para el Estado de Guanajuato; y a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato; todas ellas en materia de atención, prevención y erradicación de las violencias de género, igualdad sustantiva, y lenguaje incluyente.
Las personas asistentes coincidieron en que las propuestas de armonización resultan jurídicamente viables y alineadas con el bloque de constitucionalidad federal y el Plan Estatal de Desarrollo Visión 2050 y enfatizaron que la igualdad sustantiva no debe agotarse en la neutralidad formal ni en el uso de lenguaje incluyente, sino en la remoción de los obstáculos estructurales e incorporación plena de la perspectiva de género, la interseccionalidad y la erradicación de las violencias en la legislación local.
Respecto a la Ley para la Administración y Disposición de Bienes Relacionados con Hechos Delictuosos, se acordó precisar el concepto de “Registro Público de la Propiedad y del Comercio” y unificar las referencias a la “Fiscalía”, recomendando eliminar adiciones ajenas como exigencias de fiscalización innecesarias o duplicidades en materia de transparencia; y se sugirió incluir una disposición para que la administración y devolución de bienes considere con perspectiva de género los derechos de terceras personas de buena fe, especialmente mujeres e infancias dependientes, salvaguardando la reparación del daño a las víctimas.
En la Ley de Archivos del Estado, se precisó que incluir de forma desmedida cláusulas de accesibilidad universal para diversos grupos prioritarios resulta inviable por rebasar la exposición de motivos e implicar cargas presupuestales no presupuestadas, por lo que se propuso reubicar los criterios de igualdad y lenguaje neutro en las disposiciones relativas a la interpretación de derechos humanos; también se pidió establecer de forma expresa la protección de datos personales sensibles de víctimas de violencia de género en los acervos y la promoción activa de archivos que visibilicen la participación histórica de las mujeres en Guanajuato.
Para la Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales, se consideró acertado transitar a términos de lenguaje incluyente en la denominación del ordenamiento, recomendando optar por “personas abogadas y notarias” y homogeneizar la figura de “persona juzgadora” y “persona solicitante”; asimismo, se planteó incorporar que en asuntos de alimentos, violencia familiar o violencia de género, la regulación de costas y honorarios atienda a la condición económica de las partes para evitar que el costo del servicio sea una barrera de acceso a la justicia.
En la Ley que Regula las Bases del Permiso para el Establecimiento de las Casas de Empeño, se advirtió la necesidad de desechar adiciones que se desvían del objeto de la iniciativa o que afectan la supletoriedad del procedimiento administrativo, proponiendo que los establecimientos brinden información clara y colaboren con las autoridades cuando existan presunciones de que un bien fue empeñado sin el consentimiento de su propietaria mediante presiones económicas o patrimoniales.
Respecto a la Ley de Expropiación, de Ocupación Temporal y de Limitación de Dominio, se determinó inviable modificar la denominación del “Ejecutivo del Estado” por “titular del Poder Ejecutivo” dado que la función se atribuye al órgano institucional y no a la persona física, además de acotar adiciones procedimentales ajenas a la reforma; y en la Ley de Justicia Alternativa, se respaldó la homologación con la ley general en la materia, junto a que se enfatizó en explicitar que no serán susceptibles de mediación ni conciliación los asuntos donde exista violencia contra las mujeres por razón de género, obligando al personal facilitador a suspender el procedimiento y canalizar de inmediato a la víctima al advertir cualquier indicio de sometimiento.
Al hacer uso de la voz, la diputada Susana Bermúdez Cano informó que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado confirmó que el Centro Estatal de Justicia Alternativa concluyó todos los asuntos iniciados antes de la entrada en vigor de la legislación federal, además de recordar que el artículo tercero transitorio del Decreto del 26 de enero de 2024 otorgó un plazo de un año a las legislaturas locales para actualizar sus normas y que al haber vencido dicho plazo, la ley estatal perdió su eficacia jurídica y debe ser abrogada, por lo que propuso que las y los integrantes de la Comisión de Justicia asuman la autoría de una iniciativa formal para tramitar dicha abrogación de manera ordenada e incorporar estas razones en el dictamen.
Finalmente, destacó que las observaciones expuestas por su grupo parlamentario se formalizarán en las mesas de trabajo de asesores, cerrando su intervención con un reconocimiento a las instituciones participantes por consolidar un paquete normativo que marcará un hito a partir del trabajo conjunto iniciado el 8 de marzo.
En su intervención, el legislador Carlos Abraham Ramos Sotomayor agradeció la presencia y las aportaciones técnicas de las representaciones de las autoridades participantes, destacando que sus comentarios permitirán fortalecer sustancialmente el paquete de iniciativas analizadas.
En la reunión estuvieron presentes la diputada Susana Bermúdez Cano y los diputados Carlos Abraham Ramos Sotomayor y Rolando Fortino Alcantar Rojas. Acompañados por representantes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo; de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; de la Secretaría de las Mujeres; de la Secretaría de Derechos Humanos; asesores de diferentes grupos parlamentarios; y personal de las distintas áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.