La Comisión para la Igualdad de Género realizó una mesa de trabajo para analizar dos iniciativas de reforma a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, relacionadas con el fortalecimiento de la igualdad sustantiva, la prevención de las violencias contra las mujeres y la mejora de los servicios de salud.
La primera iniciativa plantea reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, con el propósito de mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de salud mediante la reducción de intervenciones médicas innecesarias y la disminución de complicaciones obstétricas.
Durante el análisis, se comentó de manera general que la propuesta ya está contemplada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, por lo que se recomendó revisar su contenido para evitar redundancias normativas.
Asimismo, se consideró que la definición vigente de violencia obstétrica ya es suficientemente amplia para abarcar las acciones u omisiones que causen daño. También se advirtió que incorporar un listado específico de conductas podría dejar fuera otras formas de violencia obstétrica que no se mencionen expresamente.
Por su parte, la diputada Maribel Aguilar González explicó que la iniciativa busca ampliar la definición de violencia obstétrica para incluir procedimientos sin consentimiento, negativas injustificadas de atención, tratos humillantes e intervenciones sin justificación clínica. Además, dijo, contempla fortalecer la coordinación entre las secretarías de Salud y de las Mujeres mediante capacitación, protocolos de atención y seguimiento de quejas.
Finalmente, destacó que se busca establecer responsabilidades institucionales para prevenir y atender esta violencia, con una atención obstétrica basada en criterios científicos, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Representantes de la Secretaría de las Mujeres del Estado resaltaron la importancia de fortalecer la iniciativa sobre parto humanizado y prevención de la violencia obstétrica, a fin de garantizar su claridad jurídica y adecuada aplicación. Entre sus propuestas, plantearon precisar las responsabilidades de las autoridades sanitarias, además de reforzar la capacitación, los protocolos, la supervisión y los mecanismos de queja y seguimiento.
A su vez, funcionarios de la Secretaría de Salud señalaron que la atención durante el embarazo, el parto y el puerperio debe ser digna, respetuosa, segura e informada, con respeto a la autonomía de las mujeres y al consentimiento informado. No obstante, consideraron necesario revisar la iniciativa para garantizar que las modificaciones legales aporten mejoras concretas, delimiten las responsabilidades institucionales y preserven la seguridad de la atención médica.
El representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos indicó que la violencia obstétrica puede constituir una forma de malos tratos en las instituciones de salud. También recordó que existen disposiciones jurídicas y normas oficiales que protegen los derechos de las mujeres y las personas gestantes durante el embarazo, el parto y el puerperio. Por ello, expresó, en términos generales, su respaldo a la aprobación de la propuesta.
En materia presupuestal, la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas señaló que, si bien actualmente se ejerce un presupuesto para estas acciones, es necesario revisar su suficiencia. Además, subrayó la importancia de considerar el incremento progresivo de los recursos para garantizar que la Secretaría de Salud cuente con el presupuesto necesario para cumplir con sus políticas públicas en la materia.
La diputada Ana María Esquivel Arrona resaltó la importancia de fortalecer la iniciativa y precisar los conceptos de parto humanizado y violencia obstétrica. De igual forma, planteó mantener la revisión, evaluación y capacitación del personal médico, ante los señalamientos de mujeres que han experimentado situaciones de violencia durante el trabajo de parto en instituciones públicas y privadas.
En su intervención, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco expuso que es necesario valorar la pertinencia de incorporar el concepto de parto humanizado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo objetivo es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Consideró que el parto humanizado constituye un modelo de atención obstétrica, por lo que propuso analizar si su definición debe incluirse en dicha ley o si corresponde regularlo únicamente en la Ley de Salud del Estado.
La diputada Yesenia Rojas Cervantes pidió considerar la situación de las mujeres embarazadas que pudieran enfrentar procesos de deportación, ante el contexto migratorio actual. En consecuencia, llamó a tomar en cuenta las necesidades y condiciones particulares de las mujeres guanajuatenses en estas circunstancias.
Por su parte, la diputada Susana Bermúdez Cano sostuvo que el parto humanizado debe considerarse una medida legislativa para prevenir y atender la violencia obstétrica, como parte de las políticas públicas dirigidas a erradicar la violencia contra las mujeres. Coincidió en la importancia de capacitar al personal de salud y fortalecer la iniciativa, incluido el concepto de parto humanizado, con un enfoque preventivo.
Igualdad sustantiva
La segunda propuesta que se revisó busca transitar de la igualdad formal a la igualdad sustantiva, a fin de garantizar el derecho de las mujeres guanajuatenses a una vida libre de violencias.
Al presentar los alcances de esta iniciativa, la diputada Miriam Reyes Carmona señaló que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, el 68.1 % de las mujeres de 15 años y más en Guanajuato había experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Ante este panorama, resaltó la importancia de incorporar la igualdad sustantiva en la legislación estatal y fortalecer la protección de las mujeres frente a las distintas formas de violencia.
Explicó que la iniciativa busca evaluar las políticas públicas a partir de sus resultados, fortalecer la coordinación institucional y garantizar la protección de las mujeres durante todas las etapas de su vida. De igual manera, propone reforzar las órdenes de protección y armonizar la legislación estatal con la reforma federal.
En relación con esta propuesta, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado manifestó su respaldo general, al considerar que contribuye a homologar la legislación estatal con las disposiciones federales en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
La Consejería Jurídica del Estado consideró viable, desde el punto de vista normativo, el concepto general de la iniciativa, al señalar que responde al mandato de armonización constitucional en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género. También indicó que la propuesta es congruente con la política estatal de igualdad de género y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Por otro lado, la Secretaría de las Mujeres señaló que la igualdad sustantiva va más allá del reconocimiento de los mismos derechos para todas las personas. En ese contexto, propuso analizar en qué disposiciones resulta pertinente establecer el principio de igualdad y en cuáles conviene mantener el concepto de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, con el propósito de reconocer las desventajas que enfrentan las mujeres.
La dependencia también explicó la diferencia entre los ámbitos y las modalidades de la violencia en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: los primeros se refieren a los espacios donde ocurre, mientras que las segundas describen las formas en que se presenta.
La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco coincidió en que la incorporación de los conceptos de igualdad sustantiva y violencia en las disposiciones legales no debe realizarse de manera automática, sino mediante una revisión puntual del propósito y alcance de cada artículo, fracción o enunciado.
Por ello, propuso realizar una revisión interna en la Comisión, artículo por artículo, para determinar en qué casos resulta pertinente efectuar los cambios y garantizar que las modificaciones respondan a las necesidades normativas. Advirtió que, aunque puedan parecer ajustes menores, estos cambios pueden tener implicaciones importantes en el sentido y alcance de la legislación.
Para cerrar las intervenciones sobre esta iniciativa, la diputada Susana Bermúdez Cano señaló que la propuesta busca armonizar la legislación estatal con las disposiciones generales en materia de igualdad entre mujeres y hombres, a fin de avanzar de la igualdad formal a la igualdad sustantiva y atender las desventajas históricas y estructurales que enfrentan las mujeres.
No obstante, indicó que, de los 16 artículos que se proponen modificar en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado, en 13 únicamente se adiciona el término «sustantiva» al concepto de igualdad, por lo que consideró necesario analizar la pertinencia y viabilidad de estos ajustes. También formuló observaciones específicas respecto de la publicidad gubernamental libre de estereotipos de género.
En cuanto a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, planteó revisar el uso de los términos «violencia» y «violencias» para evitar posibles impactos jurídicos, especialmente en materia de órdenes y medidas de protección. Además, consideró no viables algunas de las modificaciones propuestas relacionadas con la incorporación de la violencia política y la violencia feminicida, así como ciertos cambios en los principios rectores.
Al término de su participación, subrayó la necesidad de analizar determinadas disposiciones y precisó que las observaciones expresadas constituían comentarios para el estudio de las iniciativas, sin anticipar el sentido del dictamen correspondiente.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, Yesenia Rojas Cervantes, Ana María Esquivel Arrona, Miriam Reyes Carmona, Maribel Aguilar González y Sandra Alicia Pedroza Orozco.
También asistieron representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de la Secretaría de las Mujeres, de la Consejería Jurídica del Estado, de la Secretaría de Salud, de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso y personas asesoras parlamentarias.