La Comisión para la Igualdad de Género llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, con el objeto de reconocer y sancionar expresamente la violencia política contra las mujeres cometida mediante inteligencia artificial y tecnologías análogas.
La propuesta busca fortalecer el marco jurídico estatal ante las nuevas formas de violencia que pueden ejercerse en los espacios digitales, particularmente aquellas que, mediante herramientas tecnológicas, permiten manipular imágenes, audios y videos para crear contenidos falsos que vulneran la dignidad, integridad y participación política de las mujeres.
En términos generales, la iniciativa se consideró viable, pues se dijo, permite mantener congruencia con el marco normativo federal en materia de prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, por lo que se manifestó la coincidencia con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato.
En su intervención, la representante de la Secretaría de las Mujeres señaló que las nuevas manifestaciones de violencia política contra las mujeres, particularmente aquellas que recurren a medios digitales y herramientas de inteligencia artificial, representan una afectación a los derechos humanos y a las condiciones de igualdad que deben prevalecer en la vida democrática. Asimismo, destacó la importancia de garantizar que las mujeres puedan expresar sus ideas y ejercer sus derechos políticos sin que las herramientas tecnológicas se conviertan en nuevos instrumentos de discriminación, intimidación o exclusión política.
En su participación, el representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato expresó la importancia de reconocer y sancionar expresamente la violencia política contra las mujeres cometida mediante inteligencia artificial y tecnologías análogas. Se refirió a la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres basada en Género, instrumento que orienta la adecuación legislativa, el diseño de políticas públicas y el fortalecimiento de los sistemas de justicia para garantizar el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, también en los entornos digitales.
Por su parte, la representante del Instituto Electoral del Estado indicó que la violencia digital afecta de manera desproporcionada a las mujeres, al reproducir y amplificar agresiones con sesgos de género que responden a una desigualdad estructural. Además, consideró que, si bien la incorporación expresa de la inteligencia artificial y las tecnologías análogas en la legislación responde a una finalidad legítima y pertinente, su sola previsión normativa no garantiza la protección frente a contenidos manipulados o generados artificialmente.
En ese sentido, advirtió sobre los desafíos que representa la constante evolución tecnológica y la necesidad de fortalecer las herramientas institucionales, así como diseñar marcos normativos y procedimentales que permitan atender sus implicaciones en materia electoral y de violencia de género.
A su vez, el Tribunal Estatal Electoral del Estado consideró pertinente el uso de los términos inteligencia artificial y tecnologías análogas para evitar que la legislación pierda vigencia ante la rápida evolución tecnológica. También destacó que la propuesta representa una actualización del marco normativo estatal para incorporar nuevas modalidades de violencia facilitadas por la inteligencia artificial y los contenidos sintéticos.
La diputada Ana María Esquivel Arrona agradeció a las dependencias involucradas participar y emitir comentarios sobre esta propuesta que atiende nuevos tipos de violencias contra las mujeres.
Finalmente, la presidenta de la Comisión, Susana Bermúdez Cano, señaló que el análisis de la iniciativa debe considerar los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la protección de la privacidad, la intimidad, el honor y la reputación de las personas que desempeñan funciones públicas, cuyo umbral de protección es distinto al de los particulares debido a su exposición al escrutinio público.
No obstante, aclaró que esa condición no implica una renuncia a sus derechos ni justifica la violencia de género o las campañas de desprestigio. En ese sentido, consideró necesario delimitar el alcance de la regulación para evitar que las medidas contra la violencia digital puedan traducirse en restricciones a la libertad de expresión o vulneraciones a otros derechos, por lo que llamó a valorar todos los elementos jurídicos y construir un dictamen que garantice un equilibrio entre la protección de las mujeres y el respeto a los derechos humanos.
En la mesa de trabajo participaron las diputadas Susana Bermúdez Cano, Yesenia Rojas Cervantes y Ana María Esquivel Arrona. Las acompañaron representantes de la Consejería General Jurídica del Estado, de la Secretaría de las Mujeres, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, del Tribunal Estatal Electoral del Estado y del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.