En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso local declaró revisados los informes de resultados de varios sujetos de fiscalización.
Se trata de las auditorías al desempeño practicadas a las administraciones municipales de Cortazar, Cuerámaro, Atarjea, Jaral del Progreso y Abasolo, con enfoque a resultados del servicio de alumbrado público; al Poder Ejecutivo, con enfoque de resultados del Programa Q3181 Asistencia Alimentaria GTO, a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato; así como a las cuentas públicas de San Francisco del Rincón y Manuel Doblado, todos correspondientes al ejercicio fiscal del año 2020.
Además, se acordó el archivo definitivo de diversas iniciativas. La primera, pretendía reformar distintas leyes con el objeto de crear la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de Guanajuato; la segunda, planteaba modificaciones a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y a la Ley de Participación Ciudadana a fin de eliminar las restricciones para que los actos realizados por el poder Ejecutivo Estatal por causas de utilidad pública, no sean objetos de plebiscito; la tercera, proponía cambios a las Leyes Orgánica del Poder Ejecutivo, del Sistema Estatal Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas para crear la Unidad de Inteligencia Presupuestaria y Económica; la cuarta, buscaba reformar la Ley de Víctimas del Estado para fortalecer el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; la quinta, formulaba cambios a la Ley de Fiscalización Superior en materia de presentación y análisis del informe anual del gobernador.
Las últimas dos proponían ajustes a la Ley de Hacienda estatal en materia de impulso y desarrollo de políticas públicas para fomentar en las empresas la cultura de contratación de jóvenes recién egresados de nivel superior; así como promover estímulos fiscales para los contribuyentes del Impuesto sobre Nóminas que contraten jóvenes bajo la modalidad del primer empleo y adultos a partir de los 50 años.
Mismo trámite tuvo un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, a efecto de que en la deliberación que realizaran de la persona que se integraría al Comité de Participación Ciudadana cumpliera cabalmente con el requisito constitucional de destacarse por su aporte a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Como autora del dictamen, hizo uso de la voz la diputada Susana Bermúdez Cano, respecto a la iniciativa que proponía crear al Secretaría de las Mujeres, quien refirió que en el dictamen se plasmaron las consideraciones derivadas del análisis que realizaron sobre la propuesta en comento, por lo que la congresista expuso las opiniones vertidas por las instancias consultadas.
En ese sentido Susana Bermúdez Cano solicitó a las y los legisladores su voto a favor, pues dijo, las atribuciones que se pretenden centralizar no eran viables.
“Las atribuciones que se pretenden centralizar, es inviable, en virtud de que es evidente que la actual estructura normativa sobre la que el actual Instituto para las Mujeres Guanajuatenses ejerce sus facultades, se encuentra dotado de herramientas que permiten establecer objetivos tangibles y lograr reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres”, comentó.
Por su parte, el congresista Gerardo Fernández González apuntó que Guanajuato debía cambiar, que las mujeres llevaban muchos años luchando porque se les reconozcan sus derechos, y que actualmente, siguen marginadas en temas de liderazgo en todo el mundo.
En ese sentido, subrayó que era vital fortalecerlas para lograr esa igualdad con los hombres. Agregó que la propuesta trataba precisamente de robustecer esos aspectos, creando la Secretaría de las Mujeres para promover y fomentar las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del estado.
Finalmente, dijo que era fundamental transitar hacia un organismo con mayor fortaleza y prioridades que permita visibilizar las acciones, políticas, estrategias, así como, la protección de los derechos de las mujeres. seguían marginadas a nivel mundial y se reflejaba en el gabinete estatal, por lo que era necesario fortalecerlas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres.
Sobre la propuesta que abordaba el plebiscito, la congresista Laura Cristina Márquez Alcalá comentó que no existía argumento jurídico, ni estudios técnicos, tan solo consideraciones subjetivas de la iniciante que justificaran la modificación, debido a que la reducción de los porcentajes de electores para la vinculación de los resultados de los procesos, no se traducía en la eliminación de barreras jurídicas que den incentivo a la participación ciudadana.
Asimismo, precisó que la propuesta en conjunción con los alcances pretendidos no demostró en comparación con normas vigentes en otras entidades, con esa similitud que un menor porcentaje de votantes establecido en la Ley de la materia vuelva vinculatorio el resultado de una consulta, y que ello signifique una mayor accesibilidad a los mecanismos de participación ciudadana para la población.
Por su parte, el diputado Cuauhtémoc Becerra González subrayó que no acompañaban un dictamen que mantenía la inercia antidemocrática impuesta en la entidad y que buscaban que se establecieran requisitos más flexibles y por ello la propuesta de reducir al 2% el porcentaje de participación para el plebiscito.
En lo relativo a crear la Unidad de Inteligencia Presupuestaria y Económica, el legislador Rolando Fortino Alcántar Rojas habló como autor del dictamen y externó que la propuesta contenían dentro de su composición aspectos de evidente inconstitucionalidad.
Apuntó que el archivo se acordó porque de su análisis se consideró inconstitucional, en virtud de que el Congreso del Estado no tiene competencia legislativa para modificar el Sistema Estatal Anticorrupción más allá del marco previsto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Agregó que era factible afirmar la inviabilidad de la propuesta, al ser claro la violación al Sistema Nacional Anticorrupción previsto en la Constitución Política federal y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en específico, las normas que sientan las bases para la edificación de los sistemas nacional y locales.
“Es obligación que la norma estatal deberá estar en armonía con las normas fundamental y general. La iniciativa analizada excede estos parámetros, lo que conllevaría problemas de inconstitucionalidad”, finalizó.
En su intervención, la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández hizo mención que la iniciativa que se pretendía archivar no se estudió de manera suficiente, porque no existió ninguna disposición para corregir las áreas de oportunidad.
La congresista señaló que en la única mesa de trabajo que se tuvo se manifestaron diversas opiniones que fortalecería la propuesta que tenía la finalidad de implementar prácticas en materia de anticorrupción.
Finalmente, la congresista Martha Edith Moreno Valencia se pronunció en contra de archivar la propuesta que pretendía establecer estímulos para los jóvenes y dijo que evidenciaba que el partido mayoritario no estaba a su favor, que no eran la mano de obra barata de nadie y refrendó su compromiso con los jóvenes.
Para concluir, señaló que trabajarán en una agenda legislativa que les permita tener a los jóvenes mejores oportunidades y el acceso a una vida más justa.
Otros asuntos Como parte del orden del día de la sesión se dio cuenta con el Cuarto Informe de Gobierno que remite el Gobernador del Estado, en términos del artículo 78 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se turnó la propuesta de terna para la designación de la persona que ocupe la titularidad del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, formulada por el Consejo General de dicho Instituto, e integrada por Sergio Ojeda Cano, Brenda Paulina Hernández González y Siboney Ortega Aviña.
Mientras que a la Comisión de Hacienda y Fiscalización se remitió, para su estudio y dictamen, la solicitud formulada por el ayuntamiento de Moroleón, a efecto de que se le autorice la contratación de uno o varios financiamientos para destinarlos a proyectos de inversión pública productiva por 24 millones 200 mil pesos.
A la misma instancia legislativa se turnaron los informes de resultados formulados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato relativos a las revisiones practicadas a las cuentas públicas municipales de Abasolo, Apaseo el Grande, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, San José Iturbide, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán, correspondientes al ejercicio fiscal 2020.
Asuntos generales
El diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas indicó que en su momento se advirtió que la Guardia Nacional militarizada no garantizaría la seguridad de la ciudadanía y se refirió a los hechos sucedidos en Irapuato, donde un joven perdió la vida y otra resulto herida.
“Ante una definida política desde el Ejecutivo federal, da certeza que la Guardia Nacional no cumple con uno de los fines primordiales de su razón de ser, donde sus actuaciones resultan incapaces, toda vez que los grupos delictivos del crimen organizado han incrementado de manera desmedida”, dijo.
El legislador concluyó que entre las exigencias se encuentra el plantear un cambio de estrategia nacional, que se reconsidere la postura respecto de militarizar la Guardia Nacional, se le capacite y se garantice la libertad, la paz y la seguridad que se prometió a la ciudadanía.
En su intervención, el diputado Ernesto Millán Soberanes externó que anteriormente se pidió que no se politizaran temas y que lo expresado por su homólogo reflejaba lo contrario. Sobre la manifestación de mujeres en la ciudad de Irapuato y la coincidencia de atender lo sucedido, propuso la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a los hechos del 1 de mayo en el municipio de Irapuato.
Apuntó que dicha instancia legislativa tendría entre sus atribuciones las de dar seguimiento a los trámites y acciones que se realizan en dicho municipio, respecto a los hechos acontecidos; realizar mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la presidenta y con las personas detenidas y sus familias; y dar seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado.
Finalmente, subrayó que se estaría sentando un precedente de que el Congreso del Estado estará atento y trabajando, no sólo en discurso sino en acciones, porque efectivamente no se podía dejar pasar lo acontecido, por lo que solicitó que la propuesta fuera en listada en el orden del día de la siguiente sesión.