Convocadas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se llevaron a cabo tres mesas de trabajo para analizar el mismo número de iniciativas.
Derecho de profesionistas a abandonar prestación de servicios
En la primera se revisó la iniciativa de reforma a la Ley de Profesiones para el Estado para proteger en forma preventiva el derecho de los profesionistas, entre ellos, los abogados, para negar, suspender o abandonar la prestación del servicio profesional.
Con la propuesta se busca incluir el derecho preventivo a los profesionistas para que éstos tengan la posibilidad de renunciar, suspender o abandonar la prestación del servicio que justificaría cualquier inobservancia de los principios éticos que rijan la profesión de que se trate, cuando se acredite justificadamente que está en riesgo su vida, salud, familia o patrimonio, realizando el oportuno aviso al solicitante o usuario y, en su caso, a la autoridad competente cuando se esté prestando el servicio mediante procedimiento o proceso jurisdiccional o administrativo.
De manera general, se comentó que era necesario revisar aquellos casos en los que el profesionista podría abstenerse de prestar sus servicios; esto es, decidir a quién o en qué casos, o bajo qué circunstancias, aceptará o no comenzar una relación profesional con un cliente.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks manifestó que la propuesta es interesante y se tiene que revisar cómo queda en la norma, ya que se debe cuidar el ejercicio profesional porque la realidad ha cambiado.
Evaluar el impacto de las políticas públicas sobre la erradicación de la pobreza
En la segunda reunión se abordó la iniciativa de reforma a la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, con el fin de determinar con instrumentos y metodologías propios de la investigación científica los factores que inciden en la trayectoria de la pobreza en Guanajuato y con ello afinar las políticas y programas en la materia.
El congresista David Martínez Mendizábal precisó que el propósito es perfeccionar la evaluación de políticas públicas para que exista un parámetro cuantitativo y se puedan mejorar las políticas públicas, los programas y las acciones para erradicar la pobreza.
Agregó que no hay una correlación entre las acciones de gobierno y el impacto en la erradicación de la pobreza, por lo que se busca que exista y haya instancias encargadas de hacerlo y medirlo adecuadamente, por lo que era una buena oportunidad para contar con un instrumento de medición y armonizar las leyes.
Al presentar observaciones de la propuesta, se comentó que se debe valorar su viabilidad, ya que las propuestas que se buscan incluir en la Ley de Planeación estatal, corresponden con las que la Ley General de Desarrollo Social determinó para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social que ejecuten las dependencias públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza.
En cuanto a la evaluación con una visión a corto plazo, se recomendó tener en cuenta que en las evaluaciones intervienen varios factores para realizar una medición adecuada con mecanismos y tiempos establecidos para dar resultado y estar en posibilidad de considerar si las políticas públicas y los programas sociales son adecuados para el mejoramiento del tejido social.
El congresista Juan Carlos Romero Hicks manifestó que la reforma es necesaria porque en todo el mundo quien ejecuta la política no es quien la evalúa; que se requiere que alguien externo lo realice. En la entidad, dijo, se necesita quien lo haga porque es un tema técnico, por lo que se debe revisar quién hará la medición.
Transparencia y rendición de cuentas de los fideicomisos
En la última mesa se dialogó sobre una propuesta para reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a efecto de reforzar la transparencia y rendición de cuentas de los fideicomisos, fortaleciendo la vigilancia del uso de los recursos.
La iniciativa busca reforzar el mecanismo de control y exigibilidad a través del fortalecimiento del órgano de vigilancia y que el Comité Técnico de los fideicomisos cuente con un órgano de vigilancia que se integre por una pluralidad de personas que provengan de un nombramiento de la Secretaría de la Honestidad, del Congreso del Estado de Guanajuato y, en su caso, con personas representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, de las Cámaras y Asociaciones empresariales y de las Universidades, Tecnológicos o Centros de Investigación públicos.
De manera general, se indicó que no se considera viable, pues resulta invasiva de las facultades otorgadas en la norma suprema al Poder Ejecutivo, en cuanto a su potestad de organizarse en su régimen interior, y del cual forman parte los órganos de vigilancia que se han dispuesto para la correcta operación y actuación en las entidades paraestatales; que se debe considerar que el Poder Legislativo ya tiene participación activa dentro de la inspección del ejercicio del gasto público estatal y su congruencia con el presupuesto de egresos; y que la función fiscalizadora de la Auditoría Superior del Estado también comprende los recursos públicos que sean transferidos a fideicomisos.
El congresista Juan Carlos Romero Hicks indicó que no parecía haber una coincidencia porque en general los fideicomisos funcionan bien, simplemente no se informa a la sociedad cómo lo hacen.
En la reunión estuvieron presentes los diputados Juan Carlos Romero Hicks y David Martínez Mendizábal, así como representantes de la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de la Honestidad y personas asesoras parlamentarias.