La Comisión de Asuntos Municipales realizó una mesa de trabajo para analizar una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal para el Estado, a fin de que los municipios incrementen la atención integral de las mujeres.
La propuesta legal busca que las dependencias para la Atención de las Mujeres atiendan de manera transversal el quehacer de las políticas públicas en el ámbito municipal y coadyuven con el trabajo del estado en esa importante labor.
Carolina Medina Vallejo, titular de la Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo, señaló que se consultó y se encontró que 45 municipios cuentan con un instituto, dependencia o dirección de atención a la mujer y solamente faltaba Tarandacuao.
Por su parte, Belén del Rocío Espinoza Aguirre, titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, manifestó que existen instancias municipales para mujeres y se encontraban laborando con presupuestos definidos y, el impacto presupuestal dependería de la cantidad de políticas públicas que cada municipio quiera implementar, por lo que habría que fortalecerlo en esa medida.
Beatriz Pérez Espitia del Instituto de Investigaciones Legislativas, indicó que la inclusión de la propuesta en la ley implicaría una sobreregulación normativa tanto de carácter cualitativo como al número de disposiciones, como de su contenido y de aprobarse la adición generaría complejidad y se traduciría en un obstáculo.
La diputada Irma Leticia González Sánchez subrayó que se quería modificar porque no se empoderaba a la mujer ni se daba el presupuesto necesario, sino que se establecía a gusto de cada municipio, y lo que pasaba en muchos era que la utilizaban para convertirlas en gestoras y, en otras partes, para hacer desayunos para el presidente municipal por ello, dijo, tenían que darle mayor certeza jurídica a la mujer.
En su intervención, Anabel Pulido López, titular del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, apuntó que la propuesta era muy loable y buscaba destacar el compromiso social de los municipios para que se reconozca en las dependencias a las de atención a las mujeres, sin embargo, destacó que la génesis de esos organismos descansaba en la atención y los mecanismos en la Ley Orgánica Municipal tenían que establecerse en el sentido de buscar políticas públicas en materia de igualdad.
La congresista González Sánchez subrayó que se quería avanzar en el derecho de las mujeres porque en cada acción a favor de las mujeres iba de brinco en brinco y hacer estas modificaciones las empoderaría y beneficiaría en mucho a todos los institutos de los ayuntamientos.
El legislador Bricio Balderas Álvarez se remitió al objeto de la propuesta que, apuntó, era generar políticas públicas con perspectiva de género que afiancen los derechos de igualdad entre mujeres y hombres, acordes a la inclusión social y la igualdad de oportunidades, procurando en todo momento el empoderamiento de la mujer y consideró que encontraba la duplicidad del objetivo en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Guanajuato.
En ese sentido, mencionó que, si ya estaba establecido en una ley, no veía porque no lo tendrían que estar haciendo los municipios, que la ciudadanía tenía que pedir que trabajaran con perspectiva de género. Asimismo, argumentó que estaba perfectamente planteado en la mencionada ley lo que se quería regular con la propuesta en discusión.
En su oportunidad, el congresista Ernesto Millán Soberanes reflexionó sobre el hecho de que un municipio no contara con una dependencia en materia de atención a la mujer era importante para poder entrar en el tema de la regularización, y consideró que la propuesta era viable e insistirían en el tema.
Balderas Álvarez enfatizó que no era que se estuviera en contra ni que fuera una barrera, pero no se podría regular algo que ya estaba, que habría que solicitar a los ayuntamientos que cumplieran con lo que la ley mandataba.
Por su parte, el diputado Armando Rangel Hernández precisó que la iniciativa tenía como objeto reconocer una realidad y que la igualdad entre mujeres y hombres era una tarea inacabada y responsabilidad de todos seguir trabajando en ello; que los avances hasta la fecha evidentemente no eran satisfactorios y que el planteamiento era necesario, pero que el asunto estribaba en cómo atender dicha realidad si era en la Ley Orgánica o en otro ordenamiento y lo que se estaba proponiendo ya estaba atendido en otra norma.
Asimismo, refirió que lo que se tenía que analizar era el por qué no está funcionando como debiera la otra ley y avanzar en ese compromiso que era de todos los ciudadanos.
Finalmente, el diputado Bricio Balderas Álvarez instruyó la elaboración del dictamen en sentido negativo.
En los trabajos de la mesa participaron los diputados Bricio Balderas Álvarez, Jorge Ortiz Ortega, Armando Rangel Hernández y Ernesto Millán Soberanes; así como las diputadas Ruth Noemí Tiscareño Agoitia e Irma Leticia González Sánchez.
Además, asistieron Anabel Pulido, titular del del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses; Federico Ruiz Chávez de la Coordinación General Jurídica; Carolina Medina Vallejo, titular de la Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo; Belén del Rocío Espinoza Aguirre, titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas; y Beatriz Pérez Espitia del Instituto de Investigaciones Legislativas; y asesores parlamentarios.