En primer lugar, se analizó la propuesta que tiene como finalidad que los trabajadores al perder su trabajo, se contemple un esquema denominado <<seguro de desempleo>> para que tengan un lapso de hasta 12 meses para ponerse al corriente.
Alberto Martínez Lara, director jurídico del ISSEG, resaltó que no se establecía un análisis de una eventual afectación a la viabilidad financiera del instituto y dijo que había un contrasentido del seguro del desempleo, y habría un perjuicio al instituto desde el punto de vista financiero.
En su intervención, José Luis Rizo Rojas, subdirector general de Prestaciones, manifestó que ya se tienen contemplados mecanismos para que quienes deban puedan subsanar sus deudas y que la propuesta dejaba en indefensión y riesgo financiero al instituto.
Por su parte, Federico Ruiz de la Coordinación General Jurídica, enfatizó en la necesidad de que se hiciera la precisión en la propuesta sobre los préstamos a los que se refiere y señaló que el planteamiento en análisis estaría poniendo en riesgo la sostenibilidad del régimen de pensiones del propio instituto; así como en el cálculo de las aportaciones de los sujetos obligados y de los trabajadores.
El diputado Bricio Balderas Álvarez apuntó que la iniciativa partía de una idea específica y en la exposición de motivos hablaba de créditos hipotecarios, pero en el articulado no lo especificaba así, sino que hablaba de todos los créditos y eso los ponía en una contradicción. Además de que la temporalidad de 24 meses pondría al instituto en graves problemas financieros y generaría inestabilidad.
Se sumó al comentario de su homólogo, el congresista Cuauhtémoc Becerra González, quien coincidió que escuchando a los especialistas la propuesta resultaría contraproducente, ya que por generar un bien se crearía un problema mayor. En el mismo sentido intervino la legisladora Susana Bermúdez Cano, al manifestar que se tenía que analizar el presente y el futuro y garantizar la certidumbre de quienes están afiliados al ISSEG.
Finalmente, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá consideró que era claro y estaban de acuerdo con el análisis de la iniciativa, que si bien tenía un propósito noble por la imprecisión generaría una problemática para la salud financiera del ISSEG, en ese sentido instruyó la elaboración del dictamen en sentido negativo.
Iniciativa para ampliar los seguros de riesgo por trabajo
La segunda propuesta revisada incide en la misma norma y tiene como objeto que el seguro de riesgo de trabajo cubra al trabajador en caso de accidentes durante el traslado de su domicilio al centro escolar de sus hijos, del centro escolar al centro de trabajo y viceversa.
Alberto Martínez Lara, director jurídico del ISSEG, hizo referencia a la parte financiera que no se contemplaba en la propuesta y la ambigüedad que se manejaba porque se privilegiaba a un grupo específico de trabajadores con hijos y la norma tenía que ser general.
Por su parte, Federico Ruiz Chávez consideró que la iniciativa trastocaba los principios del derecho laboral, al tratar de introducir una consideración propia de aquel al ampliar los supuestos de los seguros por riesgo de trabajo y que la constitución de estos desde la Carta Magna atendía a la actividad del operario desde la fuente de trabajo. Además, dijo, se pondría presión a las pensiones futuras y consideraba impropio realizar una reforma en seguridad social propia del derecho laboral.
Finalmente, la legisladora Laura Cristina Márquez Alcalá coincidió con lo comentado y precisó que tenía un impacto importante en las finanzas y destino del instituto y ponía en riesgo la prevención que tiene determinada a largo plazo, por lo que propuso la elaboración del dictamen en sentido negativo.
Como parte del orden del día de la sesión se aprobaron los dictámenes relativos a la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con la cual se buscaba definir funciones administrativas del personal del Centro Estatal de Justicia Administrativa; así como la propuesta para modificar el Código Penal, a fin de incorporar el delito de violencia en el noviazgo.
En ambos dictámenes se señala que no resultan procedentes las propuestas y, en consecuencia, se ordena su archivo definitivo.
Antes de someterse a votación el orden del día, el diputado Gerardo Fernández González solicitó que, dado que ingresó en correspondencia la propuesta presentada por cinco legisladores para ampliar la metodología de análisis sobre la iniciativa en materia de despenalización del aborto, pidió se adicionara en el orden del día.
Por su parte, la diputada Yulma Rocha Aguilar manifestó que era indispensable que el Congreso abriera el debate para la sociedad civil porque su participación enriquecía el proceso legislativo y que valía la pena sumar su punto de vista, aunado a que se habían establecido mecanismos para promover la participación ciudadana, a través del Parlamento Abierto.
En su intervención, la congresista Laura Cristina Márquez Alcalá indicó que cuando se pusieron a consideración las metodologías no había habido intervención para modificarla, siendo que existía participación de sus grupos parlamentarios, y que la metodología aprobada ya estaba corriendo el trámite y no estaba concluida.
La propuesta para modificar el orden de día no fue aprobada.
En los trabajos de la Comisión estuvieron presentes las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá y Susana Bermúdez Cano; así como los diputados Bricio Balderas Álvarez, Cuauhtémoc Becerra González y Gustavo Adolfo Alfaro Reyes. Además, los acompañaron las legisladoras Yulma Rocha Aguilar y Dessire Ángel Rocha; así como el congresista Gerardo Fernández González.
Asimismo, participaron funcionarios de la Coordinación General Jurídica y del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.