La Comisión de Salud Pública aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato, para mejorar la vigilancia epidemiológica y contemplar la atención de las sindemias.

Mismo trámite recibió el punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud Federal y a la Secretaría de Salud del Estado, para que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación de Guanajuato continúen fortaleciendo los cursos de capacitación a las y los estudiantes conforme a sus programas académicos, realizados por personal especializado desde un enfoque de género y de derechos humanos, a fin de que se conozca la importancia de menstruar en condiciones de dignidad.

Al igual que la propuesta para exhortar a los ayuntamientos del Estado de Guanajuato, excepto los correspondientes a Celaya, Irapuato, León y Valle de Santiago, para que en ejercicio de sus funciones lleven a cabo la promoción de campañas de concientización y educación sobre los riesgos del uso de vapeadores y productos de vapeo, con el fin de fomentar hábitos saludables y prevenir su consumo.

Por su parte, se aprobó en sentido negativo el punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez para que emita un protocolo de atención de las adicciones e implemente operativos para vigilar la forma en que operan los Centros de Rehabilitación en el tratamiento de las adicciones; así como exhortar al Secretario de Seguridad Pública del Estado y a sus homólogos en los 46 municipios del Estado para que de manera coordinada y permanente realicen operativos en los Centros de Rehabilitación que operan en la entidad, a fin de detectar, investigar y sancionar la posible comisión de delitos dentro de dichos lugares, por lo que se ordena su archivo definitivo.

Finalmente, se aprobó la metodología de la iniciativa de Ley de Asistencia Social y Fortalecimiento Familiar para el Estado de Guanajuato, cuyo objetivo es modernizar las bases para la promoción y prestación de la asistencia social.

La iniciativa se remitirá a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, la Secretaría de Educación, a la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, a la Fiscalía General del Estado, a la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, al Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, al Instituto para el Desarrollo y Atención de las Juventudes del Estado de  Guanajuato, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, a la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado y a los 46 ayuntamientos del Estado.

Aunado a lo anterior, se habilitará un enlace en la página web del Congreso del Estado a efecto de consulta y recepción de aportaciones ciudadanas, todo ello con plazo al 6 de octubre del presente año. Posterior a ello se realizará una mesa de trabajo con las autoridades consultadas.

Al hacer uso de la voz, la diputada Noemí Márquez Márquez solicitó que se consulte a las organizaciones de la sociedad civil Casa Hogar para Ancianos y Desvalidos de Irapuato A. C., Asilo de Ancianos CAPRI A. C., Casa Hogar Tepeyac A. C. y al Patronato de Asistencia a la Ancianidad Desvalida, A.C.

En su intervención, la legisladora Angélica Casillas Martínez propuso se pida opinión a la Casa de Asistencia y Rehabilitación para Indígenas A. C., La Divina Providencia Casa Hogar de San Felipe A. C. y Casa Marietta.

La congresista Katya Cristina soto Escamilla pidió que se agregara en la consulta a la Casa Amigo Daniel, Fundación Redes de Amor, CIPEC, Centro Humanitario Caminemos Juntos de Celaya, Fundación Clímax y Fundación de la Cabeza al Cielo.

El diputado José Alfonso Borja Pimentel solicitó que no se pidiera opinión a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y a la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, a razón de llevar a cabo o no una consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas, para mejor ampliar la consulta y solicitar a todas las autoridades e instituciones consultadas que expongan si identifican alguna acción en detrimento de algún grupo de la sociedad. Todas las propuestas fueron aprobadas.

Durante la sesión estuvieron presentes las diputadas Irma Leticia González Sánchez (presidenta), Noemí Márquez Márquez, Katya Cristina Soto Escamilla y Angélica Casillas Martínez; así como los diputados Ernesto Millán Soberanes y en calidad de invitado el legislador José Alfonso Borja Pimentel.