El Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Cambio Climático para el Estado de Guanajuato y sus Municipios con las que se armoniza la ley local con la Ley General de Cambio Climático.

De igual manera, aborda aspectos como la perspectiva de género en la biodiversidad y se incorpora el concepto de pérdida de biodiversidad; se actualiza el listado de acciones de adaptación y mitigación del cambio climático, criterios de priorización y ponderación; se fortalece la coordinación entre los distintos ámbitos de gobierno para darle cumplimiento a la ley.

También se incluye la figura de la supletoriedad de la Ley General y de los tratados internacionales; se crea la Comisión Estatal de Cambio Climático; se incorpora el concepto de compras verdes; la figura de grupos en condiciones de vulnerabilidad ante el cambio climático; se introduce el concepto de infraestructura verde; se crea la Plataforma de Información Ambiental como una herramienta que integra la información de los instrumentos de política climática y de planeación que la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) utiliza para la realización de sus fines.

Contempla además la inclusión de conceptos como economía circular, economía de bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero; integra como autoridades en materia de cambio climático a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, la Secretaría de Turismo, el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; se actualizan las atribuciones de diversas secretarías y de los ayuntamientos; se establecen secciones para la Estrategia de Biodiversidad, el Diagnóstico Climatológico, Prospectiva sobre Vulnerabilidad, Programa de Diversificación, Rutas sectoriales de descarbonización, Balance Estatal de Energía, Prospectiva de Oferta y Demanda Energética Estatal, Potencial de Energías Renovables del Estado, entre otros aspectos.

Como autora del dictamen, hizo uso de la tribuna la congresista Martha Lourdes Ortega Roque, quien apuntó que el cambio climático es una realidad que afecta cada vez más al planeta y la vida de las personas.

Indicó que en el caso específico de Guanajuato sus consecuencias son cada vez más evidentes y preocupantes, desde eventos climáticos extremos hasta cambios en los patrones de precipitación y temperaturas.

“Estamos experimentando los efectos de este fenómeno de manera tangible, representa no solo una amenaza para nuestro medio ambiente sino también impacta directamente en la salud, en la seguridad alimentaria, el acceso a la vivienda y el empleo de las y los guanajuatenses”, afirmó la congresista.

Precisó que el dictamen en discusión tiene como objeto establecer las bases para la formulación, conducción y evaluación de las políticas estatales en materia de cambio climático, y que permitirá promover la eficiencia, la equidad y la efectividad en la aplicación de la Ley de Cambio Climático local

Comentó que legislar en cambio climático no sólo era una obligación, sino que daba la oportunidad para promover el desarrollo sostenible y la resiliencia de las comunidades.

“Debemos trabajar en conjunto para garantizar la participación corresponsable de la sociedad en las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, fomentando la investigación científica y tecnológica y fortaleciendo las capacidades institucionales y sectoriales. Además, buscamos que desde la legislación se garantice suficiente energía disponible para todas y todos los guanajuatenses”, enfatizó.

Finalmente, la legisladora subrayó que las acciones en este rubro tendrán un impacto significativo en el futuro medio ambiental y ecosistémico del estado, por lo que debían actuar con determinación y visión de futuro para enfrentar el desafío del cambio climático.

Al pronunciarse a favor del dictamen, el congresista Aldo Iván Márquez Becerra comentó que se trabajó por una propuesta de reforma para abarcar una serie de aspectos fundamentales y abordar de manera integral los desafíos ambientales y climáticos, en concordancia con los avances de esta última década.

Habló sobre los cambios climáticos que se han experimentado por el aumento de gases de efecto invernadero y cómo esas consecuencias pueden ser de larga duración o incluso irreversibles, como el derretimiento de los hielos y el aumento del nivel del mar.

El legislador indicó que México es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, ya que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), alrededor del 68% de la población y el 71% del Producto Interno Bruto (PIB) están altamente expuestos a los efectos negativos del cambio climático.

En ese sentido, argumentó que Guanajuato también se ha visto afectado, destacando el peligro de sequías y la mayor recurrencia de esas en la entidad, por lo que resaltó la importancia de la propuesta en discusión ya que, dijo, contiene lo necesario para un trabajo transversal y visionario para la entidad.

Mencionó que se establecen los compromisos establecidos en el Acuerdo de París, junto con la adhesión al Acuerdo de Escazú en cuestiones de participación ciudadana enfocada al tema ambiental.

Resaltó el rol del estado y comunidades locales para realizar acciones que contrarresten los impactos del cambio climático; la inclusión explícita de la protección de la biodiversidad y la implementación de la Estrategia Estatal de Biodiversidad como un instrumento de planificación importante para la materia del cambio climático; la integración de instrumentos de planeación, esenciales para la adaptación al cambio climático, como el Diagnóstico Climatológico y la Prospectiva sobre vulnerabilidad al cambio climático para Estado, por mencionar algunos.

“Las modificaciones y adiciones propuestas a la citada ley, permitirá contar con un marco jurídico claro y robusto, que refleje la necesidad de lograr la ampliación y aceleración de la mitigación de gran alcance, multinivel y sectorial, así como la adaptación tanto incremental como transformadora, reduciendo los riesgos relacionados al cambio climático. Además de garantizar el derecho humano al medio ambiente sano”, concluyó.