La Comisión de Justicia aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma al Código Penal que busca una mejor punibilidad para proteger los bienes jurídicos tutelados en los delitos contra la libertad sexual; perfeccionar la sistemática en el delito de lesiones; aumentar la pena del tipo penal de feminicidio; perfeccionar los delitos de violación y estupro; así como atender al principio de proporcionalidad; orientada a fortalecer los derechos de las niñas y mujeres víctimas de violencia; mejorar el acceso a la justicia y combatir la impunidad en materia de violencia de género.
Análisis de iniciativas
Como parte del orden del día se analizaron dos iniciativas de reforma al Código Penal, ambas en materia de violencia familiar. La primera, pretender fortalecer los derechos humanos de las personas que sufren violencia familiar, y con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar las violencias contras las mujeres, adolescente y niñas guanajuatenses; la segunda con la finalidad de ampliar los alcances del tipo penal de violencia familiar.
Bernardina Elizabeth Durán Isaís, representante de la Fiscalía General de Guanajuato, manifestó que la violencia familiar, afecta diferentes entes jurídicos y derechos. Consideró que era pertinente el análisis y que coincidía de manera primaria con la propuesta; y señaló que también era conveniente la armonización de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el mismo sentido se pronunció Vicente Vázquez Bustos de la Coordinación General Jurídica, quien comentó compartían las inquietudes externadas.
El diputado Juan Carlos Ontiveros Sánchez manifestó que era una necesidad reformar el citado tipo penal, ya que abogados que particulares han manifestado que es difícil encuadras las conductas como se encuentra actualmente y reciben menor castigo. Por su parte, la congresista, Susana Bermúdez Cano apuntó que coincidían en la que la problemática existe y se ha detectado un incremente, por lo que era necesario atender el fenómeno y esa es la intención de los legisladores.
Por su parte, la legisladora Laura Cristina Márquez Alcalá consideró que en términos generales se coincidía en la viabilidad del tipo penal de violencia familiar y que se pueda contar con uno que contenga determinados elementos, cuidando la sistemática del propio Código Penal.
Agregó que por los comentarios vertidos se estaba de acuerdo en dejar el término de violencia de manera general, sin enlistar los tipos; y señaló que se dejaría como la violencia contra una persona con la que tenga relación de parentesco, matrimonio, concubinato o relación de hecho.
Finalmente se acordó la elaboración del dictamen en sentido positivo.
Otros asuntos
Se radicaron tres propuestas legales. La primera, una iniciativa de reforma al Código Penal estatal para modificar el delito de acecho; así como dos puntos de acuerdo, uno para exhortar al fiscal general del Estado para que ordene el cierre de la carpeta de investigación y cualquier otra que se encuentra abierta en contra de las personas vecinas del predio conocido como ampliación Lo de Juárez, en Irapuato, y a la presidenta municipal para que lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar que los elementos policiales municipales respeten los derechos humanos de las personas de esa ciudad.
El segundo para pedir a la Secretaría de Gobierno estatal cumpla con los acuerdos de asistencia legal y acompañamiento a las víctimas del fraude de Punto Legal, asegurando que se les brinde el apoyo necesario para la defensa de sus derechos; y a la Fiscalía General estatal para que dé seguimiento puntual a las carpetas de investigación de las víctimas, garantizando que se realicen todas las acciones necesarias para llevar a los responsables ante la justicia y proporcionar reparación a las víctimas.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá (presidenta) y Susana Bermúdez Cano; así como los diputados Cuauhtémoc Becerra González, Bricio Balderas Álvarez y Gustavo Adolfo Alfaro Reyes. Además, los acompañó el congresista Juan Carlos Oliveros Sánchez.
Asistieron Elizabeth Durán Isaís y Jonathan Moreno Becerra, representantes de la Fiscalía General de Guanajuato; y Vicente Vázquez Bustos de la Coordinación General Jurídica.