El grupo parlamentario del Partido MORENA formuló una iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios para reconocer normativamente a la violencia y el acoso como un problema y, por tanto, como una responsabilidad que debe ser atendida por todos los actores del ámbito laboral, especialmente por los titulares de las dependencias.
Al dar lectura a la exposición de motivos del documento, el diputado Cuauhtémoc Becerra González manifestó que, en las últimas décadas, el neoliberalismo impulsó transformaciones en los mercados de trabajo de todo el mundo, la cuales se han traducido en un deterioro de las condiciones laborales de la gran mayoría de las y los trabajadores.
Asimismo, precisó que uno de los muchos problemas que acarrean las condiciones de precariedad laboral, era que constituían una ventana de oportunidad para poner los derechos humanos laborales en situación de vulnerabilidad; en contextos de escasas certezas jurídicas, mercados laborales cerrados y altos niveles de pobreza multidimensional, era difícil, dijo, que las y los trabajadores se encuentren en posibilidades de hacer valer sus derechos sin que esto signifique perder su principal fuente de ingresos.
Becerra González se refirió a los cambios impulsados por el actual gobierno federal para la revalorización del trabajo, dentro de los cuales, afirmó, se han protegido los derechos de los trabajadores con la prohibición de la subcontratación; se ha garantizado la representación de los trabajadores en las negociaciones contractuales; se ha comenzado la implementación de la operación de los tribunales laborales para reducir la duración de los litigios en la materia; se ha contratado como personal de base a las y los trabajadores de limpieza y seguridad de varias dependencias, entre otras.
“Una de las medidas más recientes en materia de revalorización del trabajo es la ratificación, llevada a cabo por unanimidad en el Senado, del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo. La relevancia de este Convenio radica en ser el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso de cualquier tipo, incluyendo aquellos originados por razón de género”, indicó.
En ese sentido, el legislador mencionó que la violencia y acoso en el mundo del trabajo no se circunscribían al espacio de trabajo tradicionalmente entendido, sino que también podían darse en lugares privados o públicos, eventos y comunicaciones relacionadas con el trabajo.
Antes de concluir agregó que la violencia y el acoso constituían una vulneración a los derechos humanos, pues amenazan la salud, seguridad, dignidad y bienestar de todas las personas.
Finalmente, indicó desde el ámbito estatal, los Poderes Legislativos debían contribuir en la búsqueda de garantizar mundos laborales libres de violencia y acoso, pues ese fenómeno estaba presente en todos los espacios de trabajo, incluyendo aquellos del ámbito público.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.