El grupo parlamentario del Partido MORENA presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato con el objeto de reconocer de manera justa y transparente el desempeño extraordinario, así como los altos niveles de productividad de los servidores públicos.

El diputado Antonio Chaurand Sorzano hizo uso de la tribuna para presentar la exposición de motivos de la propuesta. Señaló que la austeridad debe establecerse como un eje estratégico del gasto público, aplicable de manera transversal en todas las áreas de gobierno y de observancia obligatoria para todo servidor público.

Resaltó que su implementación permitirá optimizar el uso del presupuesto, eliminando gastos superfluos, reduciendo privilegios injustificados y asegurando que los recursos disponibles se destinen efectivamente al cumplimiento de los objetivos institucionales con eficiencia, eficacia y transparencia.

El congresista precisó que, la remuneración por estímulos representa un mecanismo clave para reconocer y promover el desempeño sobresaliente de las personas servidoras públicas, y se otorga a quienes demuestren un desempeño extraordinario, altos niveles de productividad y eficiencia en el cumplimiento de sus funciones.

Argumentó que en los lineamientos generales del sistema de evaluación se establece que el monto del estímulo podrá ser de hasta quince días de remuneración integrada, y está destinado exclusivamente a las personas servidoras públicas cuya remuneración integrada mensual no exceda de veintisiete salarios mínimos vigentes en el Estado elevados al mes.

En ese sentido, manifestó que, bajo esos criterios, el estímulo estaría destinado inclusive a aquellas personas servidoras públicas con un ingreso mensual de hasta $ 225,828 mil pesos, por lo que planteó que se reduzca y otorgue para quienes la remuneración integrada mensual no sea superior a ocho salarios mínimos vigentes en la entidad, elevados al mes.

Además, propone que el monto a otorgarse por el estímulo pase de quince días de remuneración integrada hasta el 10% del sueldo neto mensual; y que se establezca que las dependencias, entidades, así como los órganos autónomos deberán abstenerse de cubrir cualquier tipo de estímulo, pago o compensación especial a los servidores públicos a su servicio, con motivo del término de su encargo legislativo o judicial, o bien por el término de la administración correspondiente.

La iniciativa fue remitida a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.