Con el objetivo de establecer mayores requisitos que comprueben la necesidad de que las autoridades municipales o estatales realicen el cambio de uso de suelo de un área geográfica específica, la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó una iniciativa de reforma Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En su exposición de motivos, la congresista manifestó que las modificaciones que se den a los usos de suelo deben atender también a criterios relacionados con la especulación comercial y el valor de los terrenos; pues actualmente resultaba muy sencillo que cualquier gobierno municipal modifique su plan de Ordenamiento y los usos de suelo que en él se contemplan con el fin de favorecer determinados proyectos o empresarios, sin que dichos procedimientos se realicen de manera transparente y de cara a la ciudadanía.

En ese sentido, precisó que existe una laguna legal de la que autoridades municipales y estatales se valen para realizar cambios de uso de suelo a discreción en lotes o zonas en específico, y pasan por alto los programas estatales, regionales y municipales al momento de que ven un beneficio económico al cambiar el uso de suelo para que una desarrolladora inmobiliaria decida construir.

La legisladora precisó que la naturaleza de los cambios al uso de suelo, responde a la necesidad de urbanización de nuevas áreas, al crecimiento de las ciudades y al aumento de la población con su consecuente demanda de acceso a viviendas y servicios de calidad; sin embargo, dicho sentido ha sido ampliamente desvirtuado por los intereses personales de algunos servidores públicos que sin atender a los criterios técnicos que regulan el proceso del cambio de uso de suelo autorizan modificaciones que inciden directamente en el sobreprecio de los bienes.

Alcaraz Hernández argumentó que con estas reformas se generaría un beneficio directo en la economía de las y los guanajuatenses que se encuentren interesados en adquirir un bien inmueble, al asegurar que no existirá una especulación comercial que signifique el aumento injustificado de los precios del bien.

Entre las reformas planteadas se contempla que cuando las modificaciones al Programa Estatal se refieran a una cambio del uso de suelo que aumente los precios en más de 30% de su valor original, el titular del Poder Ejecutivo deberá informar al Congreso las razones que motiven y justifiquen dicha modificación; se precisa que en la determinación de usos de suelo se evitará crear distorsiones que repercutan en la especulación y sobreprecio del suelo de las viviendas o construcciones de las zonas habitacionales o comerciales; se plantea que en las normas de uso de suelo se precisarán las limitaciones a las modificaciones de los mismos; se consideran como conductas constitutivas de infracción el solicitar arbitraria o injustificadamente el cambio de uso de suelo de una zona con el único fin de generar especulación sobre su propiedad, entre otras.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública para su estudio y dictamen.