Las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y Social y Desarrollo Urbano y Obra Pública llevaron a cabo una mesa de trabajo para continuar con la consulta y retroalimentación de la iniciativa de reforma al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato y al Código Penal estatal con la que se pretende que la población tenga acceso a servicios en materia de agua y otorgar certeza jurídica a los actos que realicen las autoridades locales en la provisión de servicios públicos en la materia.

En su mensaje de bienvenida, Lorena Alfaro García, alcaldesa de Irapuato, señaló que en el municipio que preside se han apuntalado los esfuerzos para poder llevar los recursos esenciales a los habitantes que viven en los denominados fraccionamientos irregulares, siendo un gran complemento que desde el Poder Legislativo se esté trabajando para que las personas afectadas puedan acceder a mejores condiciones de vida.

“En Irapuato estamos trabajando para que todos los ciudadanos tengan acceso a sus derechos fundamentales. Ayúdenos a que estos procesos de regularización avancen con la modificación de leyes o si no las hay, con su creación. Por nuestra parte, cuenten con nosotros para retroalimentar la modificación que se está planteando a estos instrumentos legislativos que serán de gran provecho para Irapuato”, dijo.

Al hacer uso de la voz, el diputado Miguel Ángel Salim Alle agradeció al Ayuntamiento de Irapuato por la hospitalidad brindada para continuar con el análisis de la iniciativa, además de expresar que en la búsqueda de procesos de consulta abiertos y transparentes, se ha solicitado diversas opiniones de diversas instancias para fortalecer las reformas en materia del derecho al agua.

“Habremos de fortalecer la exposición de motivos a fin de reforzar las consideraciones legales sobre los asentamientos humanos en procesos de regularización, se han recibido propuestas para abundar en definiciones sobre el término proceso de regularización y también considerar diversos criterios emitidos por la Corte para respetar los principios de igualdad y equidad”, precisó.

Por su parte, el legislador José Alfonso Borja Pimentel indicó que el instrumento que se pretende modificar tiene por fin establecer las normas, principios y bases del ordenamiento y administración sustentable del territorio del Estado de Guanajuato, aunado a que la iniciativa es de gran importancia por tener un enfoque apegado a los derechos humanos.

“Los temas de acceso al agua se vinculan con políticas de desarrollo urbano, vivienda, planeación, conservación y preservación del medio ambiente. En ese sentido, la convocatoria que como Comisiones unidas hemos aprobado tiene este enfoque para que las diversas instancias que participamos en el proceso logremos la coordinación que requieren las políticas urbanas”, subrayó.

Asimismo, José Lara Lona, director general de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (JAPAMI) refirió que habría que contemplar el tema social y financiero, debido a que hay lugares donde no se permite llegar por problemáticas sociales, junto a que es una preocupación el saber de dónde se generarán recursos para la infraestructura que se requiera.

Aunado a ello, Catalina Razo Rosales, regidora del Ayuntamiento de Irapuato, pidió que se tomara en cuenta los acuerdos generados por los acuerdos internacionales emitidos por la Organización de las Naciones Unidas y los compromisos de la Agenda 2030 que hablan del acceso al agua y su relación con el derecho humano a la salud.

Para la directora general del Instituto Municipal de Vivienda de Irapuato, Diana Alanís Barroso, solicitó que se revisaran las disposiciones en ley para iniciar los procesos de regulación de fraccionamientos que se encuentran en las condiciones mencionadas con anterioridad, luego de que los instrumentos jurídicos son muy limitativos, a pesar de que existen varias zonas que cuentan con los requisitos para poder iniciar su regulación.

Al hablar, Francisco de Jesús García León, director general de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, instó a que se retome la importancia de brindar agua a la población, donde es vital no dar facilidades a las personas que se dedican a la venta de terrenos en zonas irregulares y que el tema financiero es una cuestión que se puede solucionar con la búsqueda de mecanismo de financiamiento, inversiones y otros mecanismos que vayan de la mano con dar certeza jurídica.

Al hacer uso de la voz, el diputado Alejandro Arias Ávila reconoció la existencia de un problema que se traduce a una deuda social por la falta de derecho al agua que ha prevalecido en las áreas donde se han registrado asentamientos irregulares, donde se debe de buscar la manera de cómo generar soluciones para la población que tiene muchas dificultades por la falta de servicios básicos.

“Evidentemente habrá muchas complicaciones que irán surgiendo por los problemas de quienes se dedican a vender lotes en los fraccionamientos irregulares, sin embargo lo que nos debe guiar a seguir trabajando son las condiciones de vida de esa parte de la población que se ha descuidado. Hay que buscar las soluciones para que todos tengan el derecho humano al agua”, habló.

Por su parte, el legislador Víctor Manuel Zanella Huerta puntualizó que las problemáticas citadas se pueden empezar a resolver con los cambios que pretende la iniciativa. También precisó que es importante incidir en los esquemas de cobro y tarifas para generar las condiciones financieras adecuadas y los presupuestos no sean la principal barrera para llevar el agua a donde se necesita.

“Las bondades de esta iniciativa radican en cómo podemos brindar los recursos indispensables a las ciudadanas y ciudadanos de Irapuato. Siempre es un tema de falta de certeza los recursos o presupuestos, pero se ha trabajado con los municipios para mejorar sus finanzas y encontrar la forma de crear las mejoras que se requieren para la implementación de servicios, cuidando que no se sigan expandiendo los fraccionamientos irregulares”, comentó.

Finalmente, Cuauhtémoc Becerra González dijo que la mesa de trabajo cumplió con su cometido de crear reflexiones que ayuden a crear instrumentos que abarquen todos los aspectos jurídicos y todas las problemáticas que se pudieran presentar en la búsqueda de llevar el agua a todos los guanajuatenses.

“Desde el ámbito legislativo nos toca destrabar barreras y generar certeza jurídica velando con el cumplimiento de reglamentos para aquellas personas que se dedican a la venta de terrenos irregulares, pero el tema importante es cómo vamos a generar los servicios básicos para la población”, finalizó.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Miguel Ángel Salim (presidente), José Alfonso Borja Pimentel, Víctor Manuel Zanella Huerta, Alejandro Arias Ávila y Cuauhtémoc Becerra González.

Asimismo, asistieron al evento la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García; José Lara Lona, director general de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (JAPAMI); Francisco de Jesús García León, director general de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato; Diana Alanís Barroso, directora general Instituto Municipal de Vivienda de Irapuato (IMUVII); así como representantes de sistemas operadores de agua, asociaciones de agentes inmobiliarios y personal del Congreso del Estado de Guanajuato.