El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática formularon una iniciativa de reforma al Código Penal en materia de robo en transporte público e individual.
Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, el diputado Aldo Iván Márquez Becerra comentó que dentro de los delitos más frecuentes estuvieron el fraude, el robo o asalto en calle o transporte público y extorsión.
Indicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024, en Guanajuato, se incrementó el robo o asalto en calle o en el transporte público, situación que, dijo, debe ser atendida, a fin de evitar que se sigan cometiendo dichos delitos patrimoniales en contra de las y los guanajuatenses.
“Sabemos de la importancia de salvaguardar la tranquilidad y el patrimonio de las y los guanajuatenses, queremos que sus traslados que realicen a bordo del transporte público, los hagan tranquilos con la seguridad de que tanto ellos como sus bienes están a salvo, ya que el robo de sus pertenencias trae consigo desgastes innecesarios”, enfatizó el congresista.
Añadió que, el robo de pertenencias no sólo implica la pérdida de bienes, sino la inversión de tiempo en llevar a cabo trámites de diversa naturaleza para reponer los documentos o bienes que fueron arrebatados, por lo que subrayó que el deber de legislador es atender esas realidades, a fin de que ningún supuesto que transgreda la seguridad de las personas, que les robe la tranquilidad, que les genere desequilibrio físico y psicológico, quede impune.
En ese sentido, Márquez Becerra resaltó que la propuesta busca incluir dentro del robo calificado, cuando se cometa encontrándose la víctima o el objeto del robo en un vehículo particular o de transporte público y cuando se cometa en terminales de transporte público.
“Consideramos que el robo cometido en dichos lugares, son robos cometidos en circunstancias graves, por ello, amerita considerarlo como robo calificado, pues se comete en lugares específicos en los cuales la víctima o el ofendido sufren afectaciones psicológicas e inseguridad social, pues las circunstancias del robo en dichos supuestos van más allá del patrimonio de las personas, y ello amerita un mayor reproche social”, finalizó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.