El diputado David Martínez Mendizábal, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó una iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato, con la finalidad de otorgar autonomía técnica y de gestión al Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato (COPREDGTO) y garantizar una mayor participación ciudadana en su Consejo Directivo.
Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, el legislador comentó que, si bien tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Constitución Política estatal establecen la prohibición de todo tipo de discriminación, ésta en sus múltiples formas y manifestaciones, continúa siendo una realidad lacerante en la sociedad guanajuatense.
Apuntó que, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2022), la prevalencia de la discriminación sigue siendo preocupante, y más aún si se considera que de 2019 al 2022, el porcentaje de guanajuatenses que declararon haber sido víctimas de discriminación en el último año, aumentó de15.9% a 22.5%.
El congresista comentó que, en su configuración actual, el Consejo opera como un órgano desconcentrado de la administración pública centralizada del gobierno del estado, lo que inherentemente compromete su autonomía técnica y de gestión.
Apuntó que, las decisiones y acciones del Consejo pueden verse influenciadas por las directrices y prioridades de la dependencia a la que está adscrito, limitando su capacidad para actuar con la independencia y la objetividad que la lucha contra la discriminación demanda.
También mencionó que la integración actual de su Consejo Directivo, si bien cuenta con representación ciudadana, no garantiza una mayoría que asegure la primacía de la perspectiva de la sociedad civil y lo proteja de posibles injerencias del Poder Ejecutivo estatal.
En ese sentido, habló de la importancia de asegurar que el órgano encargado de velar por la no discriminación esté integrado por personas con reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la igualdad, y de la relevancia de otorgar autonomía técnica y de gestión al Consejo, lo que, resaltó, permitirá que ese órgano pueda definir sus propias políticas y prioridades; administrar sus propios recursos; realizar investigaciones imparciales y emitir recomendaciones vinculantes.
Finalmente, subrayó que transformar el COPREDGTO en un organismo descentralizado de la administración pública estatal garantizará su autonomía jurídica y patrimonial, consolidando su independencia y fortaleciendo su capacidad institucional.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.