Con el propósito de fomentar el uso de tecnologías sostenibles y promover la valorización de residuos de construcción y demolición, a fin de reincorporar materiales útiles en nuevas cadenas de valor y reducir el consumo de productos de difícil degradación, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, la diputada María Isabel Ortiz Mantilla indicó que con la propuesta se busca establecer que, en los procedimientos de contratación pública de obra, se incorporen requisitos ambientales para el uso de tecnologías sostenibles que valoricen y aprovechen residuos de construcción y demolición.
Lo anterior, dijo, con la finalidad de prevenir o reducir el empleo de productos de difícil degradación natural, así como fomentar el reúso de materiales en cadenas productivas, conforme a los principios de sostenibilidad ambiental, economía circular y reducción de impactos negativos al medio ambiente.
Ortiz Mantilla indicó que, la obligación de considerar desde la planeación de las obras públicas el manejo responsable de los residuos y la incorporación de materiales y tecnologías sostenibles, constituye una medida congruente con el mandato constitucional de procurar la protección al medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales.
Apuntó que se plantea establecer desde los procesos de contratación requisitos específicos que fomenten la reutilización y valorización de los residuos de construcción y demolición, entre ellos asegurar, desde el diseño mismo del proyecto, que las empresas constructoras impulsen acciones para aprovechar el potencial económico y ambiental de residuos y establecer un control normativo previo que tiene como objetivo estimular la valorización de esos residuos.
“Esta previsión permite no sólo reducir los impactos negativos durante y después de la construcción, sino también generar condiciones para su aprovechamiento económico y social, mediante la reutilización de materiales, la reducción de la demanda de insumos vírgenes y la disminución de los volúmenes dispuestos en sitios de confinamiento final”, enfatizó la congresista.
Asimismo, afirmó que incorporar en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato disposiciones que permitan, en los procedimientos de contratación, establecer requisitos ambientales específicos constituye una medida indispensable para transitar hacia un modelo de obra pública responsable y resiliente.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Medio Ambiente para su estudio y dictamen.