En la sesión ordinaria de este día, rindieron protesta a los cargos de magistradas y magistrados propietarios y supernumerarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado las y los ciudadanos: Ma. Cristina Cabrera Manrique (magistrada propietaria), Arturo Razo Tapia (magistrado propietario), Gabriela Berenice Pinedo Amador (magistrada supernumeraria) y Carlos Alberto Llamas Morales (magistrado supernumerario).
De igual manera, Francisco Antonio Alejandro Rocha Pedraza, quien fue designado Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
Todos ocuparán su cargo por el término de siete años, contados a partir de este día.
Además, se aprobó reformar los artículos Primero y Segundo del Decreto número 180, expedido por esta Sexagésima Quinta Legislatura y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 260, quincuagésima quinta parte, el 30 de diciembre de 2022 para autorizar que una fracción del predio identificados como Fracción tercera de Santa Clara, perteneciente al lote de terreno identificados como fracción 9ª de la Ex Hacienda de Obrajuelo, ubicada en el municipio de Apaseo el Grande, se destine a la instalación de una Base de Operaciones de la Guardia Nacional y al desarrollo de sus correspondientes actividades.
De igual manera, se declaró revisado el informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal de 2022.
Como parte del orden del día de la sesión se aprobaron los dictámenes de diversas propuestas legales mediante las cuales se ordena su archivo definitivo. Se trata de la iniciativa de reforma a la Leyes de Protección Civil, de Salud, para la Protección y Preservación del Ambiente del y al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato para prohibir las emisiones de ruido provenientes de detonar artificios pirotécnicos en zonas habitacionales; la propuesta de Ley de Austeridad Republicana y Ahorro para el Estado de Guanajuato y sus Municipios; y tres propuestas de reforma a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo, en materia de tabuladores de los servidores públicos del Estado y para integrar a los proyectos de presupuesto de egresos municipal y del Estado los anexos transversales que identifiquen el gasto en las materias de mujeres e igualdad de oportunidades y de combate a la corrupción.
La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo habló en contra del dictamen de la iniciativa en materia de tabuladores de los servidores públicos y comentó que la propuesta solo busca homologar la normativa general con los ordenamientos estatales, donde se enuncia que ningún funcionario público podrá ganar más dinero que el presidente de la República.
La congresista señaló que existen varios cargos en el estado que no están sujetos a la normativa federal, por lo que pidió votar en contra del dictamen que no concuerda con los principios de austeridad, decisión que sigue privilegiando a cierto sector sobre los intereses colectivos de la sociedad.
También puntos de acuerdo para que se llevaran a cabo las reformas necesarias al Reglamento de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, a fin de corregir las omisiones y eliminar lagunas legales; se enviara la planeación relacionada con la Estrategia y/o programa Contigo Sí; se proporcionara un diagnóstico de incidencias y protocolos para la prevención y atención del fenómeno de los retos digitales peligrosos en la entidad y la situación de las denuncias de acoso hacia las alumnas del SABES.
El diputado David Martínez Mendizábal se pronunció en contra del dictamen del punto de acuerdo relativo al programa Contigo Sí, al considerar que se vertían argumentos que no procedían y señaló que se tenían que hacer las cosas bien, evaluar y planear.
En cuanto a la propuesta sobre retos digitales, el congresista Cuauhtémoc Becerra González habló en contra. Apuntó que era crucial entender el impacto de esos retos y fundamental contar con un diagnóstico del fenómeno para identificar los que sean peligrosos, así como esencial que las dependencias trabajen coordinadas para atender el problema y proteger a los niños de esos retos y otros riesgos en línea.
Finalmente, la legisladora Irma Leticia González Sánchez intervino en contra del dictamen de acoso a alumnas del SABES, ya que subrayó que se ha amedrentado a maestros y maestras para que no denuncien, y que autoridades escolares han protegido a acosadores. “No permitamos tener ni un solo acosador en el sistema educativo”, concluyó.
En rectificación de hechos, el diputado Armando Rangel Hernández señaló que en el proceso de revisión autoridades informaron que se acercaron a las víctimas y atendieron sus demandas; en cuanto a lo solicitado a la Secretaría de Educación respecto a atender la denuncia e incorporar a una docente, se informó que el protocolo de atención a la denuncia sigue en marcha y que a la maestra se le destituyó por otros motivos y no por apoyar a las víctimas.