El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados, que, en uso de sus facultades exclusivas en materia presupuestal, en el proceso de discusión y aprobación de la Ley de Egresos de la Federación 2026, se realicen las modificaciones necesarias que permitan la extinción total de la deuda pública derivada de los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca.
Al hacer uso de la voz, el diputado Rodrigo González Zaragoza refirió que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) fue creado en 1990 como un mecanismo para enfrentar crisis financieras en México. Sin embargo, su implementación durante la crisis de 1994-1995 transformó deudas privadas de instituciones bancarias en deuda pública, generando una carga financiera significativa para el Estado mexicano que persiste hasta la actualidad.
Asimismo, mencionó que, durante la crisis económica de 1994, el Fobaproa absorbió deudas de bancos privados por un monto aproximado de $552 mil millones de pesos, lo que afectó las finanzas nacionales y limitando recursos para áreas esenciales como salud, educación y tecnología, además de que este operó inicialmente sin un marco legal específico, lo que generó críticas sobre su legalidad y transparencia.
“Diversos expertos han señalado que el Fobaproa representó una socialización de pérdidas privadas, beneficiando a grandes empresarios y banqueros en detrimento de la población en general. Se estima que la deuda derivada del Fobaproa continuará pagándose durante varias décadas, afectando la capacidad del Estado para invertir en desarrollo social”, dijo.
El legislador comentó que la implementación del Fobaproa se justificó como una medida para evitar el colapso del sistema financiero mexicano, junto a que el costo social y económico de esta medida ha sido significativo a lo largo de los años, donde a las críticas de su funcionamiento se siguen sumando análisis y cuestionamientos.
“Es imperativo que el Poder Legislativo revise, con responsabilidad y compromiso con el interés nacional, considere su extinción. La modificación de la Ley de Egresos para cancelar este pasivo permitiría liberar recursos para políticas públicas que realmente beneficien a la mayoría de los mexicanos”, finalizó.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.