Esta mañana, continuaron los trabajos de la glosa de gobierno con la participación de la secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo; y el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, funcionarios estatales del eje Seguridad y Paz Social.
Al iniciar la mesa de trabajo, el diputado Luis Ernesto Ayala Torres manifestó que el análisis se llevaría a cabo bajo los principios de Parlamento Abierto que rigen al Congreso.
Las diputadas y los diputados, en la primera ronda de preguntas, indagaron respecto los programas, proyectos o acciones que se tienen en manera de prevención y el impacto sobre la problemática de seguridad; qué hace la Secretaría para que quienes integran las policías municipales cumplan con los perfiles de confianza y evitar la infiltración del crimen organizado; las acciones para proteger los espacios externos de la escuela y prevenir la violencia escolar; los motivos de la actuación en Moroleón y si tenía un fondo partidista; los resultados en materia de seguridad pública; así como los operativos que han dado mayor efectividad, cuántos y cuáles han sido los casos de éxito en contra de la delincuencia organizada en coordinación con las autoridades federales.
De igual manera, por qué seguir el mismo camino de las recomendaciones ante el contexto de violencia y no solicitar directamente que la Secretaría de Gobernación declare la Alerta de Género; a qué se debe el fracaso para garantizar la seguridad de los guanajuatenses, qué ha fallado desde la secretaría, cuántos miembros de esa institución cuentan con un proceso judicial abierto y si van a continuar los operativos trueno; cómo abona el Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (INFOSPE) a generar confianza, las prestaciones que se otorgan a familiares de quienes pierden la vida en sus funciones o se encuentran desaparecidos; y las acciones complementarias que se han llevado a cabo para la consolidación del sistema laboral en la entidad.
Además, qué funciones realiza la unidad de investigación y las personas que forman parte de ella; las acciones que se trabajan de prevención y cuáles se han implementado para atender la violencia contra niñas, niños, adolescentes, mujeres y familias; el número de niñas, niños con discapacidad que han sido atendidas por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, si hay un protocolo específico para su atención; y en qué consiste el Programa Estatal de Adicciones, así como el número de adolescentes atendidos.
Las personas funcionarias estatales señalaron que en la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato se contempla un modelo integral de prevención, se cuenta con 99 programas en donde intervienen todas las dependencias del Ejecutivo estatal; que la persecución de los delitos contra las mujeres es atribución de la Fiscalía; se ha registrado una reducción de los homicidios en 25%, datos que se pueden obtener del Sistema Nacional de Seguridad Pública; las acciones se toman de manera coordinada con el federación; en cuanto a la violencia escolar todo está dentro del mismo esquema que se da por parte de gobierno del estado y los gobiernos municipales, se imparten charlas, foros talleres, hacia el personal docente, administrativo y alumnado para crear la conciencia que evite ser víctima de delito, incurrir en el consumo de drogas y en actividades que no son en beneficio de las niñas, niños y adolescentes.
Agregaron que los operativos trueno nacen al seno del Grupo de Coordinación Operativa en Guanajuato donde participan SEDENA, la Guardia Nacional, la FGR, la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, que se seguirán llevado a cabo, no es un tema político y no se atienden temas político-partidistas; Guanajuato no es un estado que no quiera atender la alerta de género, se tiene la disposición de colaborar con el proceso de la alerta, se está en los tiempos y atendiendo en total coordinación; y que no se tiene ningún proceso judicial en personal de la Secretaría de Seguridad, únicamente se cuenta con una recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos, en el tema penitenciario; mientras que en el Consejo de Honor y Justicia hay 256 casos.
También precisaron que el modelo de conciliación laboral se ha tomado en otros estados, siendo Guanajuato la entidad que más concilia, se busca que haya una transversalidad de acciones en materia de capacitación, se firmaron dos convenios con el Poder Judicial y otro con la Universidad de Guanajuato; se tuvieron más de 5 mil aspirantes en la academia estatal; y Guanajuato tiene la policía mejor pagada del país, se detallaron los seguros con los que cuentan como que tienen una pensión vitalicia, los hijos de quienes laboran en la institución están becados, entre otros
De igual manera, mencionaron que se aplica el programa Child Proteccion en 12 municipios, donde se detectan violencias contra las infancias y acciones de prevención a través de campañas; 22 menores de edad con discapacidad fueron atendidos, se cuenta con un protocolo de atención para niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad en la entidad; y en la atención de delitos en la parte de adolescentes, por parte de la Secretaría de Seguridad, se busca la recuperación porque la mayoría tienen alguna adicción y se les brinda atención individualizada.
Durante la segunda ronda de preguntas, las legisladoras y los legisladores cuestionaron respecto a los servicios prestados en materia de defensoría pública; el número de integrantes apoyados en defensoría pública penal y por qué delitos; precisar el porcentaje de cumplimiento del registro de deudor alimentario; los resultados de la eficiencia de la medida preventiva en materia de extorsión; el tipo de recomendaciones que se formulan a los cuerpos municipales, si hay un sistema para conocer el cumplimiento y si existen impugnaciones respecto a la no aprobación de los exámenes de control y confianza.
Asimismo, el número de procedimientos de afectación de FIAT, la cantidad de notarios sancionados y el tipo de dichas sanciones; cómo se justifica el balance en la fuerzas de seguridad pública, el motivo de las bajas, la región con el mayor número y cómo se justifica la distribución de los elementos; los casos en que se ejerció la representación jurídica especializada, así como las acciones enfocadas a contribuir al desarrollo de una vida libre de violencia; el valor promedio del mercado de las drogas, si el marco jurídico de la entidad es adecuado para la función de seguridad pública; el número de declaratorias de expropiación; así como los municipios que participaron en la entrega de escrituras a familias vulnerables.
También sobre el avance del funcionamiento de las células municipales de búsqueda, la capacitación que recibieron, los municipios que más acciones de búsqueda realizaron y dónde se localizaron personas con vida; las actividades que se están impulsando para fortalecer el esquema de prevención; y las acciones que se han llevado a cabo para la restitución y derecho de vivir en familia por parte de Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.
En respuesta, se comentó que se otorgaron 54 mil 594 defensas, más de 200 mil asesorías, apoyo a trabajadores en más de mil 900 juicios laborales; en materia de registro de deudores alimentarios se ha capacitado a funcionarios en coordinación con el Poder Judicial, se han emitido 4 declaratorias de deudor alimentario en municipios como Valle de Santiago y León, entre otros; no se tiene hasta el momento la manera de dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones; no se notificaron juicios o demandas sobre los resultados al Centro de Control y Confianza; se han dado 8 revocaciones de FIATS notariales y se abrieron 310 expedientes por diversos motivos.
Se señaló que el motivo de las bajas es por distintas causas como ceses, defunción, invalidez, jubilación, pensión por vejez; el sueldo atrae a las personas y ya cuando entran en operaciones no tienen la vocación de servir, por lo que presentan su renuncia y se está trabajando en eso en el INFOSPE; se ha participado en 12 mil 400 audiencias en donde se representa a niñas, niños y adolescentes; se estima que es probable que haya 600 mil personas con alguna adicción, el costo promedio de una dosis de droga es alrededor de los 100 pesos; se emitieron 4 declaratorias de expropiación de predios en los municipios de León, Tierra Blanca, Manuel Doblado y San Diego de la Unión; se ha beneficiado a 3,428 guanajuatenses en 17 municipios con escrituras; y Guanajuato es el único estado que tiene conformadas sus 46 células de búsqueda, que se trabaja en conocer la causa de las desapariciones y entender la fenomenología de éstas.
Igualmente, se indicó que se da una capacitación y acompañamiento permanente a las células de búsqueda municipales, los municipios con mayores acciones de búsqueda fueron Ocampo, Silao, San Francisco del Rincón, León, Dolores Hidalgo, Moroleón y Salvatierra, donde se localizaron 433 personas con vida y 54 sin vida en 2022; el estado está dividido en 7 regiones, donde se pone en la mesa la problemática que se está detectando en los cuerpos de seguridad estatal; la policía rural ha sido un acierto porque se atienden todas las circunstancias que se pueden presentar en el sector; y que la institucionalización no es la respuesta para los niños, lo primero que se busca es su red familiar y trabajar para que puedan tener las condiciones, a fin de que puedan acoger a las niñas y niños.
En la tercera ronda de preguntas, las y los congresistas profundizaron sobre las actividades de prevención que realizan con niñas y niños para evitar el uso de armas de fuego y el alcance que tuvieron; los operativos que se han implementado en las carreteras y puentes estatales para atender el robo de transporte; las acciones que se han llevado a cabo para el fortalecimiento de las personas defensoras públicas en materia de derechos humanos, perspectiva de género y responsabilidades administrativas; los casos de corrupción en los cuerpos policiacos; las otras medidas que se toman a demás de las pruebas de control y confianza para evitar la corrupción, así como las medidas se aplican para evitar la infiltración del crimen organizado; y si la presencia de la Guardia Nacional ha permitido la disminución de la delincuencia o se ha incrementado.
Además, respecto al procedimiento de coordinación de la Comisión Estatal de Búsqueda con las células municipales; cómo se determinan los lugares de búsqueda y la frecuencia con que se realizan; si no se ha visto la manera de cambiar la estrategia de seguridad ante los resultados; por qué a las grandes trasnacionales si se les puede garantizar el acceso a la seguridad pero a los comerciantes locales no; los mecanismos de apoyo para que cualquier persona que se encuentre en Centros de Readaptación Social pueda continuar con sus estudios; el estatus de cumplimiento de la recomendación que la Procuraduría de Derechos Humanos le hizo a la Secretaría de Seguridad; el subejercicio de la Comisión Estatal de Búsqueda, si es suficiente el personal ante la situación de desaparecidos en la entidad; las acciones para la prevención del acoso y el hostigamiento sexual y el número de casos registrados; el número de municipios capacitados en temas jurídicos-administrativos; y las industrias que se tienen en operación dentro de los diversos Centros Penitenciarios del Estado, el número de personas que trabajan en ellas, el costo de cada uno, así como la cantidad de reclusos por delitos federales y estatales.
Las personas titulares de las dependencias manifestaron que se ha implementado un nuevo proceso de evaluación de competencias profesionales al personal de la defensoría en distintos temas, se brindó capacitación en acceso a la justicia para atender a integrantes de comunidades indígenas; se ha realizado intercambio de juguetes bélicos donde participaron más de 18, 427 niñas y niños; no se cuenta con casos de corrupción, los casos están en materia de faltas graves, ni se tienen elementos que hayan salido por estar vinculados con el crimen organizado, gracias al tema de supervisión diaria; se participa en coordinación con la Guardia Nacional y se están dando resultados; se tiene comunicación de manera directa con las células municipales para cuando hay que detonar búsquedas, los lugares de búsqueda se determinan en conjunto con las familias a través de la información que recaban, la búsqueda con presunción de vida se da de manera permanente; se han brindado más de dos mil apoyos para movilización y 1,262 apoyos alimentarios.
Agregaron que la estrategia de seguridad en Guanajuato no es paralela ni divergente a la de la federación, sino que es la misma; miles de negocios cerraron por el tema de la pandemia no por inseguridad; la extorsión ha tenido un incremento, pero no porque haya aumentado el delito sino porque crecieron las denuncias; a los adolescentes recluidos se les brinda la educación que les haga falta; en materia de los recursos que no se ejercieron en la Comisión Estatal de Búsqueda se debe a que no hubo la proveeduría ni federal ni estatal que respondieran a la solicitud y, dado que existen tiempos establecidos, no se pudo acceder a ese recurso ni se permite delegarlo a solicitudes que hagan las personas; en todos los análisis de contexto participan las familias, a fin de comprender por qué están desapareciendo las personas; no ha habido casos de acoso laboral o sexual dentro de la Secretaría de Seguridad Pública o el INFOSPE; y se tienen 7,128 personas internas, de ellos 6,786 por delitos del fuero común y 342 del fuero federal, con un costo diario por cada una de 491 pesos.
En la ronda final de preguntas, se cuestionó sobre personas directas o indirectas beneficiadas por el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; la manera que atiende la Secretaría de Seguridad Pública la prevención del delito en adolescentes; cómo cerraron las ampliaciones de los ceresos de San Miguel, León y Pénjamo; las capacitaciones que han cursado los funcionarios encargados de la administración de los centros penitenciarios en materia de derechos humanos; las acciones que se implementaron para que las mujeres sean propietarias de sus tierras o adquieran patrimonio propio; el número de personas que integran el Centro de Control de Confianza en la entidad y sus perfiles; los servicios que operan y qué lo hacer ser un concepto único en el país.
Las personas funcionarias argumentaron que se han erogado más de 41 millones del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para víctimas directas e indirectas en apoyos alimentarios, atenciones psicológicas, atenciones médicas, vinculaciones laborales o gestiones para emprendimiento, gastos funerarios, apoyos para traslado de búsqueda, viáticos, hospedaje por desplazamiento, entre otros; se está avanzando en el registro vehicular de la nueva aplicación, se cuentan con más de 4 mil; y se cuenta con un centro de monitoreo 24/7 con un chat permanente, no se tiene cobro de comisión por cada viaje, se está poniendo una opción diferente para los guanajuatenses.
Apuntaron que la capacitación para el personal administrativo de los centros penitenciaros fueron en temas como inclusión, género y discapacidad, cultura de los derechos humanos, guía rápida para el lenguaje incluyente y accesible, prevención de la tortura en mujeres privadas de la libertad, entre otros; que la entidad tiene el sistema penitenciario con más baja reincidencia con 0.013%; las ampliaciones de los ceresos son proyectos que se tienen contratados en su totalidad y por su tamaño no se terminan en un ejercicio fiscal; se implementaron servicios y procesos preventivos en materia laboral, así como asesoría técnica especializada; se tiene una plantilla de 148 personas en el Centro de Control Confianza con perfiles en derecho psicología, médicos, químicos, criminólogos, entre otros; y se han evaluado 1, 674 personas de seguridad privada.
Finalmente, el congresista Luis Ernesto Ayala Torres agradeció la asistencia de las personas funcionarias y de sus homólogos, y comentó que a las 15:00 horas se llevará a cabo la última mesa de trabajo con el eje Desarrollo Humano y Social, integrado por las Secretarías de Desarrollo Social y Humano, de Salud y del Migrante y Enlace Internacional; así como del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato y del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses.
Participaron en la mesa de trabajo las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá, María de la Luz Hernández Martínez, Lilia Margarita Rionda Salas, Alma Edwviges Alcaraz Hernández, Yulma Rocha Aguilar, Martha Lourdes Ortega Roque, Martha Guadalupe Hernández Camarena, Katya Cristina Soto Escamilla, Janet Melanie Murillo Chávez, Briseida Anabel Magdaleno González, Angélica Casillas Martínez, Susana Bermúdez Cano, Irma Leticia González Sánchez, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Dessire Angel Rocha, Hades Berenice Aguilar Castillo y Noemí Márquez Márquez; así como los diputados Luis Ernesto Ayala Torres, David Martínez Mendizábal, Alejandro Arias Ávila, Gerardo Fernández González, Rolando Fortino Alcántar Rojas, Miguel Ángel Salim Alle, Jorge Ortiz Ortega, Cuauhtémoc Becerra González, Ernesto Millán Soberanes, Bricio Balderas Álvarez, Armando Rangel Hernández, Martín López Camacho, Javier Alfonso Torres Mereles, César Larrondo Díaz, José Alfonso Borja Pimentel, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes y Víctor Manuel Zanella Huerta.