En reunión de la Comisión de Justicia se aprobaron los dictámenes, en sentido negativo, de tres iniciativas y tres puntos de acuerdo.

Se trata de las propuestas para modificar el Código Penal en materia de responsabilidad de las personas jurídicas colectivas, robo de productos agrícolas y de ganado y de amenazas. Los puntos de acuerdo pretendían exhortar al fiscal general para que ordenara el cierre de las carpetas de investigación abiertas a partir de los arrestos realizados en la manifestación del día 10 de julio, en contra de los familiares de las víctimas quienes, fueron detenidos de manera arbitraria; al gobernador del estado para que iniciara el procedimiento de remoción del fiscal general; y se reconsideraran los argumentos de las resoluciones de las acciones de inconstitucionalidad 148/2017 de Coahuila y 106 y 107 de 2018 de Sinaloa, y fueran emitidas conforme a derecho, considerando el derecho a la vida como superlativo y de familia en un tema de trascendencia social.

Analizan iniciativas

Como parte del orden del día de la sesión se analizaron cuatro iniciativas de reforma al Código Civil. La primera, en materia de paternidad y maternidad por técnicas de reproducción asistida, sobre la cual, el diputado Bricio Balderas Álvarez manifestó que no se define lo que es inseminación artificial heteróloga, no se prevé en la propuesta si el consentimiento del cónyuge masculino debe ser tácito, y explicó todo lo que se considera que es la paternidad por lo que no estimó viable la propuesta.

En cuanto a la segunda, en materia de violencia intrafamiliar, la legisladora Susana Bermúdez Cano indicó que es un tema de los que mayor preocupación generan a nivel nacional, sin embargo, consideró que los artículos propuestos se quedarían limitados tal como se contemplan, habría una laguna y se generaría un entorpecimiento.

Se sumó a su homóloga, la diputada Márquez Alcalá quien precisó que se podría estar afectando la posible comisión de un delito, dado que después no habría posibilidad de alegar en lo penal el mismo daño, por lo que no era procedente incluirlo.

La tercera, relativa a la obligación de los municipios e instituciones públicas de informar a la Universidad de Guanajuato sobre la presunción de existencia de bienes en ausencia de herederos. En este punto, la legisladora Laura Cristina Márquez Alcalá consideró que en general no era viable, menos partiendo de la presunción cuando debe ser una situación certera y dijo generaba una complejidad en la información que tendrían que generar los municipios e instituciones públicas.

La última en revisarse fue la relativa a la cláusula de usufructo vitalicio en donaciones por personas de 60 años o más. Al respecto, la congresista Laura Cristina Márquez Alcalá externó que iba en contra de la autodeterminación de la persona y de su propia voluntad para disponer de su bien como mejor le parezca, y se trataba de una categoría sospechosa en cuanto a discriminación, por lo que no era idónea ni proporcional la medida planteada.

Para las cuatro iniciativas se instruyó la elaboración del dictamen en sentido negativo.

Radicaciones

En la sesión se radicaron y aprobaron las metodologías de análisis de dos iniciativas de reforma al Código Civil y una a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Guanajuato, que tiene la finalidad de dotar de una herramienta para conciliar las problemáticas surgidas a partir del arrendamiento temporal en los condominios.

La primera en materia civil tiene como finalidad de que en los casos de inexistencia o incomparecencia de herederos en juicio sucesorio se amplíe el término de dos a cinco años para que puedan reclamar la herencia, a partir de que la Universidad de Guanajuato sea declarada heredera, y, que, en el caso de menores de 18 años, el término para el reclamo sea de diez años; la otra, busca eliminar un artículo para corregir la discriminación estructural contra la mujer.

La correspondiente a juicios sucesorios se remitirá al Supremo Tribunal de Justicia, a la Universidad de Guanajuato y al Colegio Estatal de Notarios; la segunda, se mandará a la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Todas las propuestas se enviarán a las diputadas y los diputados integrantes de la Legislatura y a la Coordinación General Jurídica, se habilitarán ligas en el portal de internet del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana y los entes consultados contarán con un plazo de 10 días hábiles para mandar sus comentarios.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá (presidenta) y Susana Bermúdez Cano; así como los diputados Bricio Balderas Álvarez y Gustavo Adolfo Alfaro Reyes.