En sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron las metodologías de las propuestas de terna para designar a las personas titulares de los Órganos Internos de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP) y del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).
Dichas ternas están conformadas, la primera, por: Hilda Ruth Barba Orozco, Ma. de Lourdes López Ramírez y Alejandro Vázquez López; y la segunda, por: Sergio Ojeda Cano, Brenda Paulina Hernández González y Siboney Ortega Aviña.
Para su estudio los expedientes se circularán a los y las integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y se subirán al portal del Congreso del Estado, en versión pública. Además, cada grupo deberá hacer llegar tres preguntas a la Secretaría Técnica para hacer un banco de cuestionamientos.
Asimismo, se realizarán entrevistas públicas el próximo martes 07 de junio a las 12:00 horas con los aspirantes del IEEG; y a las 13:00 con los del IACIP. La diputada Yulma Rocha Aguilar reconoció que se vaya a dar un proceso de interlocución, lo cual, dijo, dará más elementos para decidir.
Como parte del orden del día se radicó y aprobó la mecánica de análisis de la iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, que tiene como finalidad establecer la posibilidad de un descanso para aquellas mujeres y personas menstruantes que se vean imposibilitadas de llevar a cabo su jornada laboral a causa de los malestares físicos que pudieran presentarse durante su periodo menstrual.
La propuesta será remitida a la Coordinación General Jurídica, al Poder Judicial, a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a los 46 ayuntamientos, quienes tendrán 15 días hábiles para enviar sus comentarios, y se realizará una mesa de trabajo.
Radicaciones
En la sesión se radicaron dos propuestas de puntos de acuerdo. La primera para exhortar al Fiscal General a que la fiscalía a su cargo obre bajo el principio de máxima publicidad con respecto al derecho a la información sobre todos los contextos de hallazgo, incluyendo en particular las fosas clandestinas de los que tiene conocimiento y homologue consecuentemente los datos del mapa que aparecen en su página oficial; y la segunda, para solicitar a la Secretaría de Gobernación que atienda con las medidas de prevención y urgentes las solicitudes de las y los activistas ambientalistas de México.
Mismo trámite tuvo la solicitud de revocación de mandato de un regidor del Ayuntamiento de Ocampo, remitida por el secretario general del Congreso en los términos del artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Al respecto, la congresista Susana Bermúdez Cano solicitó la elaboración de una tarjeta jurídica sobre el cumplimiento de los requisitos de procedencia para determinar su atendibilidad.
También se dio cuenta de la tarjeta jurídica sobre la solicitud de modificación de la metodología aprobada el 15 de marzo de 2022 de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato que pretende garantizar el derecho a la educación en su dimensión de gratuidad.
La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández señaló que el estudio debería derivar de la consulta previa con los diputados, y después generar los espacios para que puedan opinar sobre esos temas quienes están involucrados, ruta que ha seguido la actual Legislatura, dijo.
En seguimiento a las metodologías de estudio de las iniciativas de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato que pretenden, por un lado, establecer instancias para que el fiscal general pueda ser removido por el Congreso del Estado; y por el otro, fijar mecanismos de selección de dicho funcionario garantizar la autonomía de la Fiscalía General frente al Poder Ejecutivo del Estado, se precisó que en razón de haberse terminado la consulta se llevará a cabo una mesa de trabajo el 15 de junio.
Finalmente se aprobó el dictamen que contiene el archivo definitivo de la iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, formulada en la LXIV Legislatura, que buscaba incorporar el tres por ciento de la plantilla al campo laboral a personas con discapacidad.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano (presidenta), Briseida Anabel Magdaleno González, Laura Cristina Márquez Alcalá, Yulma Rocha Aguilar y Alma Edwviges Alcaraz Hernández; así como los diputados Rolando Fortino Alcántar Rojas y Gerardo Fernández González.