Desde Acción Nacional hemos asumido el compromiso de velar por el bienestar de las niñas, niños y adolescentes de Guanajuato, quienes son el futuro de nuestro estado y de México, afirmó la diputada local Margarita Rionda.
Lo anterior al presentar una iniciativa de reforma para armonizar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de incorporar los principios rectores de mínima intervención y no revictimización en juicio.
Al hacer uso de la tribuna, la legisladora explicó que el Principio de Mínima Intervención en Juicio significa que niñas, niños y adolescentes, deben acudir lo mínimo indispensable a juicio, es decir, que cuando su opinión ya fue vertida, y que otra opinión de estos o manifestación dentro del proceso no aporta nuevos elementos al juzgador, entonces ya no se debe acordar favorable la petición de las partes para que comparezcan de nuevo a desahogo de diligencia.
Mientras que el Principio de No Revictimización, dijo, va vinculado directamente con el anterior principio, pues la comparecencia reiterada de las niñas, niños y adolescentes ante los órganos jurisdiccionales o ante los peritos para narrar una y otra vez los hechos de los cuales fueron testigos o que incluso fueron víctimas, trae consigo la repetición constante de los mismos.
Mencionó que dicho acto genera una revictimización, pues son obligados en aras de la justicia de los litigantes, a repetir una y otra vez escenarios que les lastiman y que les generan estrés, tristeza, llanto, depresión o cualquier otro sentimiento que atenta contra su estabilidad emocional.
En este sentido, Margarita Rionda destacó que la iniciativa suscrita por el GPPAN se elaboró bajo el principio del interés superior de la niñez, tomando como base el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, y así puedan participar de una manera idónea en los procesos judiciales que directa o indirectamente los involucran, ejerciendo de manera plena sus derechos de acceso a la justicia y a ser oído.
“Sin duda alguna esta iniciativa viene a reformar la actuación jurisdiccional respecto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que intervengan o participen en un juicio sea de la materia que sea”, acentuó.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.