El diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato (PAOT) para que, con motivo de la denuncia formal presentada por la regidora Norma Patricia López Zúñiga y de las constancias que acreditan la operación material de la escombrera municipal Los López, concluya sin dilación las diligencias de inspección, vigilancia y verificación en el sitio ubicado en Camino a Los López S/N, rumbo a Santa Ana del Conde, y proceda a imponer, como medida de seguridad, la clausura total e inmediata del lugar, evitando que continúe la disposición de residuos de construcción y demolición en un sitio que carece de autorización estatal acreditada.
También a la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez, para que se abstenga de instruir el depósito de residuos de construcción y demolición y ordene la suspensión inmediata de cobros vinculados con los servicios públicos municipales prestados en la escombrera ubicada en el citado camino, mientras no exista legitimación para su operación y para que, por conducto de las dependencias y entidades competentes, realice de manera inmediata las acciones técnicas, administrativas y de coordinación institucional necesarias para habilitar un sitio legalmente viable para la disposición final de residuos de construcción y demolición en el municipio de León.
Al presentar la propuesta y dar lectura a las consideraciones de esta, el legislador señaló que el municipio trasladó el sitio oficial para la disposición de escombros al Camino a Los López, en la comunidad de Santa Ana del Conde, el cual comenzó a operar desde junio de 2026 como punto de recepción de residuos de construcción y demolición.
Asimismo, refirió que una solicitud de información dirigida a la autoridad ambiental estatal arrojó que no existían antecedentes de autorización para la operación de ese sitio, situación que motivó la presentación de una denuncia ante la PAOT por su presunto funcionamiento irregular.
El diputado argumentó que esa situación genera incertidumbre jurídica para la ciudadanía y para quienes realizan actividades de construcción, además de representar posibles riesgos ambientales y sanitarios derivados de la disposición de residuos de manejo especial en un sitio cuya autorización no está acreditada.
Finalmente, subrayó que la propuesta plantea que el municipio realice las acciones técnicas, administrativas y de coordinación necesarias para habilitar un nuevo sitio de disposición final de residuos de construcción y demolición que cumpla con las autorizaciones, permisos y requisitos establecidos en la legislación aplicable.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Medio Ambiente para su análisis y dictamen.