Con el objetivo de fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes, el grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, a fin de robustecer los mecanismos de restitución de derechos y mejorar la actuación institucional en favor de este sector de la población.
Al hacer uso de la tribuna, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco manifestó que entre los principales objetivos de la iniciativa se encuentra consolidar el Plan de Restitución de Derechos como un instrumento obligatorio, individualizado e interdisciplinario, que garantice una atención integral en los casos donde exista vulneración de derechos. Asimismo, fortalecer las atribuciones de las Procuradurías Auxiliares de Protección, dotándolas de mayores capacidades técnicas y operativas para intervenir de manera oportuna y efectiva.
La congresista señaló que, si bien existe un marco jurídico robusto en la materia, en la práctica persisten deficiencias en la implementación, particularmente en la coordinación interinstitucional, el seguimiento de los casos y la claridad de los procedimientos. En ese sentido, destacó la necesidad de cerrar la brecha entre el reconocimiento formal de los derechos y su ejercicio real.
Pedroza Orozco añadió que se busca incorporar principios como la igualdad sustantiva, la generación de información con datos desagregados y la capacitación obligatoria de las personas servidoras públicas en materia de derechos humanos y perspectiva de género, con el fin de mejorar la calidad de la atención y evitar nuevas vulneraciones.
De igual forma, dijo que se plantea establecer mecanismos claros de seguimiento, evaluación y cierre de los planes de restitución, así como la creación de un registro estatal de planes que permita dar trazabilidad a los casos y fortalecer la toma de decisiones públicas.
La legisladora resaltó que, con estas modificaciones, las Procuradurías Auxiliares dejan de ser ventanillas de atención y pasan a ser operadores reales del sistema de restitución de derechos, ya que antes su papel era más limitado y difuso, y ahora se les coloca en el centro del proceso, con responsabilidades técnicas, jurídicas y operativas mucho más amplias
Finalmente, subrayó que la reforma no busca crear nuevos derechos, sino garantizar la efectividad de los ya reconocidos, mediante un modelo de intervención que priorice el interés superior de la niñez y asegure una respuesta institucional más cercana, oportuna y articulada.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.