PRESENTAN INICIATIVA QUE ELIMINA PRIVILEGIOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN

Ciudad de México., Enero del 2017.- Con el propósito de disminuir el

gasto corriente de la administración pública y acortar la brecha que existe entre las

percepciones de algunos funcionarios públicos, en comparación con el salario de la

mayoría de las familias mexicanas, el senador Fernando Torres Graciano presentó

junto con la senadora Laura Angélica Rojas Hernández la iniciativa que expide la

Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación.

“La ciudadanía está cansada de los abusos de funcionarios públicos que viven con

privilegios que la mayoría de las familias mexicanas no. Esta iniciativa es una

muestra de sensibilidad ante la situación de crisis que estamos enfrentando”,

explicó Torres Graciano.

La iniciativa establece que los servidores públicos no podrán percibir

remuneraciones mayores a las del Presidente de la República.

Contempla como remuneración a la suma de todas las percepciones por las que se

cubra un pago que ingrese al patrimonio del servidor público, mediante el

concepto de “remuneración total anual”.

Las remuneraciones y tabuladores serán públicos y deberán especificar los rubros

que componen el ingreso.

Y advierte que los Ministros, Magistrados, Senadores, Diputados Federales,

Secretarios de Estado, Titulares de Organismos Constitucionales Autónomos,

Secretarios Generales, Subsecretarios, Titulares de Unidad y Directores Generales;

así como sus equivalentes en los tres poderes de la Unión y los órganos

constitucionales autónomos no gozarán de las asignaciones correspondientes a:

tecnologías de la información, servicios de comunicación, vehículos y combustible

para traslados.

Los viáticos serán sujetos a comprobación y los remanentes de los recursos

asignados, deberán devolverse al órgano público que se los otorgó dentro de los

diez días hábiles después de la conclusión de la comisión.

En la reforma al artículo 217 del Código Penal Federal, incluida en la iniciativa, se

incorporan sanciones de seis a doce años de prisión, de cien a trescientos días

multa, y destitución e inhabilitación de seis meses a doce años para desempeñar

otro empleo, cargo o comisión públicos, al servidor público que cometa el delito de

uso ilícito de sus atribuciones y facultades.

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