La Diputada Federal por el Distrito 12 de Celaya, Sarai Núñez Cerón, presentó una reforma
constitucional con la que se podrá garantizar la entrega de un bono contra el hambre priorizando a
las familias en condiciones vulnerables.
Dicha iniciativa surge por las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), quienes afirman que
el esfuerzo de dos décadas para eliminar la pobreza extrema se está perdiendo en cuestión de
meses y millones de personas más pasarán hambre debido a la crisis del Covid-19, y de las malas
decisiones de los gobiernos al actuar frente a estos problemas.
“De acuerdo con dichas organizaciones, en América Latina necesitamos medidas urgentes para
evitar que la actual crisis de salud causada por el coronavirus se transforme en una crisis
alimentaria”, destacó Núñez Cerón.
Dijo que, entre 2016 y 2018 ya habían 53.7 millones de latinoamericanos en inseguridad
alimentaria severa, mientras que con esta crisis que será la más grande en la historia de la región,
sin duda habrá un aumento de la pobreza extrema y el hambre.
“La ONU menciona que la gran tarea es impedir que la crisis actual de la pandemia se convierta en
una crisis alimentaria, algo se puede alcanzar complementando con un bono contra el hambre.
Este bono podría materializarse en la forma de transferencias monetarias, canastas o cupones de
alimentos a toda la población en situación de pobreza extrema”, afirmó la legisladora celayense.
Cabe mencionar que el 25 de septiembre del 2015, México se comprometió al cumplimiento de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la meta denominada “Hambre Cero”, que consiste
en poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana,
nutritiva y suficiente.
Sin embargo, Sarai Núñez reveló que en los últimos años México ha tenido un pobre crecimiento
en la lucha contra la inseguridad alimentaria, mientras que en este 2020 con la crisis sanitaria, se
afectará a largo plazo la economía y, por consiguiente, se generará un mayor asentamiento de la
brecha de la pobreza y desigualdad.
Lo anterior demostrado con información preliminar divulgada por el INEGI en el último trimestre
del año pasado, donde señala que el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo en 0.3% respecto del
nivel alcanzado en el cuarto trimestre previo, cuando la actividad se quedó estancada, sin registrar
crecimiento alguno.
“El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo que
mide la pobreza en México, calculó que la crisis sanitaria en México dejaría unos 12 millones de
personas en pobreza extrema. La crisis alimentaria en México se controlará si el gobierno en turno
acata las recomendaciones que emiten los altos órganos internacionales como la ONU con la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, el Informe COVID-19 CEPAL -FAO.
“El espíritu de esta iniciativa es retomar esta recomendación y plasmarla en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Estado garantice la entrega de un bono
contra el hambre, para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los
menores de 18 años, las y los indígenas y las y los afromexicanos, las personas mayores de 68
años, las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley y las
personas y las familias que se encuentren en condición de pobreza extrema.
“Esta propuesta de implementar el bono contra el hambre, no está fuera de la realidad, tal y como
se realizó el pasado 8 de mayo de 2020, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de
los programas sociales impulsados por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador,
que estarán a rango constitucional, como las pensiones para adultos mayores, las becas para
estudiantes y los apoyos para personas con discapacidad siendo una obligación del Estado”,
puntualizó Sarai Núñez Cerón.
Finalizó detallando que con esta reforma se garantiza que cada año se deberá incluir en el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) el financiamiento para estos programas.