La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó una iniciativa para expedir la Ley para la Prevención y Atención Integral de las Adicciones para el Estado de Guanajuato, con el objetivo de establecer un modelo integral de atención a adicciones que articule prevención, tratamiento, reducción del daño e integración comunitaria, regulando los servicios públicos, privados y mixtos en el estado.
Al hacer uso de la voz, la congresista señaló que Guanajuato enfrenta un problema de adicciones que no ha sido atendido y que la incidencia del narcomenudeo ha incrementado 582%, al pasar de poco más de tres mil carpetas de investigación en 2015 a más de 20 mil en 2025.
La legisladora comentó que las personas con adicciones han quedado prácticamente abandonadas por el Estado y que la atención ha recaído en organizaciones civiles sin fines de lucro que realizan la labor de acogimiento, tratamiento y rehabilitación, además de que los centros de rehabilitación operan en condiciones de precariedad y sin un marco jurídico que dé certeza a operadores, personas usuarias y familias.
Destacó que la propuesta busca crear un sistema de coordinación institucional encabezado por el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones y los Comités Municipales, responsables de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas en la materia.
También que propone regular la operación de los centros de rehabilitación públicos, privados y mixtos; establecer requisitos de instalación, funcionamiento, supervisión y sanción; y garantizar servicios profesionales, dignos y seguros.
Asimismo, que se establezcan mecanismos de justicia terapéutica, privilegiando la rehabilitación sobre el castigo, y promoviendo la integración comunitaria mediante acciones de educación, empleo, cultura y desarrollo social.
Aguilar Castillo mencionó que la iniciativa incluye la obligación de diseñar un Programa Estatal de Atención Integral a las Adicciones con diagnóstico, metas e indicadores, así como políticas de reducción del daño para disminuir las consecuencias negativas del consumo, aunque no se logre la abstinencia inmediata.
Finalmente, dijo que se prevé un contenido de consentimiento informado con un enfoque de derechos humanos, que reconozca la complejidad del fenómeno de las adicciones, particularmente en aquellos casos en los que las personas pierden temporalmente la capacidad de tomar decisiones informadas sobre su tratamiento.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictamen.