Sesiona el Pleno del Congreso, ordenan realizar auditorías integrales a los municipios de Salamanca y Salvatierra.

El Pleno del Congreso aprobó dos puntos de acuerdo para ordenar a la Auditoría Superior del Estado (ASEG) a que inicie, por separado, a la brevedad posible, la práctica de una auditoría integral a las administraciones públicas municipales de Acámbaro y de Salamanca, al universo que integra las partidas no revisadas en anteriores actos de fiscalización por los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2018, por los ejercicios fiscales 2019 y 2020, así como por el periodo comprendido por los meses de enero a octubre del ejercicio fiscal 2021, aplicando las normas técnicas que resulten idóneas para el cumplimiento de ese mandato.

Al hablar a favor del dictamen de la auditoría de Salamanca, el congresista Gerardo Fernández González afirmó que la mejor manera de evitar y controlar la corrupción desde el Congreso era generando mejores leyes que propicien la transparencia del trabajo de los servidores públicos, y ejecutando auditorías que reflejen la probidad en el uso de los recursos públicos.

Asimismo, subrayó que no debería solo preocuparles el mal uso de los recursos públicos y la utilización de sus atribuciones para fines personales, sino ocuparse de que no vuelvan a suceder tales actos que menoscaban la credibilidad de las instituciones tanto federales, estatales como municipales.

“Los datos y los hechos por los cuales se solicitó la presente auditoría son para dar certeza a la población de Guanajuato de que cada peso que se presupuesta debe ser aplicado en beneficio de la sociedad, en mejores servicios públicos, mejor seguridad, mejores caminos y carreteras, mejores fuentes de empleo, mayor inversión, lugares mejor conectados. Y no para uso personal de los servidores públicos”, enfatizó.

Finalmente, apuntó que debía pensar en el futuro y sumar más esfuerzos y recursos para fomentar desde todos los ámbitos gubernamentales una cultura del trabajo responsable y comprometido con la sociedad.

De igual manera, acordaron exhortar a la ASEG para que, dentro de sus atribuciones de seguimiento, informe al Poder Legislativo las acciones llevadas a cabo por la Contraloría Municipal de Silao de la Victoria, derivados de los hechos relacionados con la pérdida de 28,000 cartuchos o municiones pertenecientes a la policía municipal de ese municipio, reportados como faltantes en el mes de julio de 2020 y con el robo a la Tesorería Municipal del mes de enero de 2021.

Además, declararon revisados los informes de resultados de las auditorías específicas practicadas al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, respecto al procedimiento de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, cumplimiento y demás actos relacionados con la adquisición de placas metálicas de circulación, por el periodo comprendido por los ejercicios fiscales de 2016 a 2020; al Programa Impulso para la Inclusión Digital, que contempla una revisión sobre la planeación y ejecución del gasto, así como el diseño, operación, resultados e impactos del mismo, respecto de las operaciones realizadas por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2018 y 2019; y a las operaciones realizadas por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, respecto al procedimiento de ejecución y cumplimiento del contrato derivado de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, Presencial número 40004001-27-18 para la Adquisición de Medicamentos, Material de Curación y el Servicio de Administración y Dispensación de los Mismos en la Modalidad de Stock, Farmacia y Servicio de Unidosis para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, por el periodo comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Asimismo, de la auditoría concomitante practicada al Programa Impulso para la Inclusión Digital, que contempla una revisión sobre la planeación y ejecución del gasto, así como el diseño, operación, resultados e impactos del mismo, respecto de las operaciones realizadas por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, correspondientes al ejercicio fiscal 2020 y de la auditoría específica concomitante practicada a los procesos de planeación, programación, presupuestación, contratación y administración realizados para la rehabilitación, funcionamiento y operación de las instalaciones del Hospital ubicado en la calle 20 de enero, en la colonia Obregón, situado en la ciudad de León, para atender la pandemia provocada por el virus COVID-19, por el periodo comprendido del 1 de marzo de 2020 al tercer trimestre de 2020.

También se aprobó el archivo definitivo de tres propuestas de punto de acuerdo, al considerarlas improcedentes. La primera buscaba se realizara una auditoría específica a las instancias implicadas en el proceso de adquisición del predio La Cintilla, el proyecto al que se destinaría, así como su posterior venta e interrupción de la ejecución del proyecto para la construcción de un nuevo sitio de disposición final de residuos en Purísima del Rincón; la segunda, pretendía se hiciera una auditoría específica a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020 y concomitante a 2021, la cual evalúe la calidad y veracidad de las cifras delictivas en la entidad; y la tercera, pretendía se practicara una auditoría específica a los actos de dominio que derivaron en la desafectación del que pertenecía al Jardín de Niños Juan Aldama en el municipio de León.

Igualmente, la Asamblea avaló los informes de las transferencias y ajustes presupuestales del Congreso del Estado, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de octubre de 2021, y el informe de los conceptos generales de los estados financieros de los recursos presupuestales del Congreso del Estado, correspondiente al periodo del 1 al 30 de noviembre de 2021.

Otras aprobaciones

En la sesión se aprobó la propuesta para la designación de representantes y suplentes del Poder Legislativo, ante los Consejos y Comisiones siguientes:

Turnos

A la Comisión de Hacienda y Fiscalización se turnaron los informes de resultados formulados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato relativos a las revisiones practicadas a las cuentas públicas del Poder Judicial estatal, del Tribunal Estatal Electoral estatal, del Instituto Electoral del Estado y de los municipios de Celaya, Irapuato, Jerécuaro, Romita, Silao de la Victoria y Tarimoro; a las auditorías practicadas a la infraestructura pública municipal, respecto a las operaciones realizadas por las administraciones de Guanajuato, San Miguel de Allende, Silao de la Victoria, Tarimoro y Valle de Santiago y a las auditorías de desempeño practicadas a Celaya, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Salamanca, San José Iturbide, y Valle de Santiago, con enfoque a resultados del servicio de alumbrado público; así como al Poder Ejecutivo a los programas Q0082 de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, Q0164 de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Q0261 de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Q0326 de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Q2682 y proyecto P2420 de la Secretaría de Gobierno, Q3064 de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Q3181 del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, proyecto Q1593 y proceso P3110 de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Q3161 del Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato y Q3391 de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, todos correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

La propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública, a los titulares del Gobierno del Estado de Guanajuato, de la Secretaría de Educación de Guanajuato, la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, y a los 46 municipios para que en ejercicio de sus atribuciones y de manera coordinada realicen un estudio del estado en el que se encuentran las escuelas públicas dentro de su demarcación territorial, y una vez identificado el estado en el que se encuentran los centros educativos públicos, implementen un plan de rehabilitación de dichos espacios que permita el regreso a clases de los alumnos; y que destinen el máximo de los recursos disponibles para llevar a cabo la rehabilitación de los espacios educativos, a fin de que garanticen los servicios mínimos de operatividad para el regreso a clases, fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura para su estudio y dictamen.