Las diputadas y los diputados que integran el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal para modificar el proceso de nombramiento de los jueces administrativos municipales.
El diputado Jorge Ortiz Ortega señaló que consideraban que la justicia administrativa no sólo dependía de una legislación bien diseñada y de una organización eficiente de los tribunales, sino también de una población informada, analítica y participativa.
En ese sentido, dijo que proponían que las personas que sean titulares del Juzgado Administrativo Municipal duren en su cargo un periodo de cinco años, lo que constituye un paso fundamental para separar los ciclos político partidistas locales al ejercicio de la función de impartición de la justicia administrativa municipal.
Ortiz Ortega manifestó que también se planteaban modificaciones a la forma de elección del juez administrativo municipal, para que sea nombrado por el Ayuntamiento, a partir de una terna que sea formulada por el Comité Municipal Ciudadano, como resultado de una consulta pública, apegado a los principios de gobierno abierto, equidad, oportunidad, transparencia, imparcialidad y honradez; garantizándose la participación de los ciudadanos, en particular, y de la sociedad civil organizada.
“Lo que pretendemos es desvincular por completo la injerencia que pudiera tener tanto el presidente municipal como los miembros del ayuntamiento en la propuesta de personas a ocupar la titularidad del juzgado municipal, pues esta instancia tiene por objeto dirimir las controversias entre la propia autoridad y el ciudadano”, precisó el congresista.
Asimismo, mencionó que el Comité Municipal Ciudadano estaría conformado por cinco ciudadanos, que preferentemente surjan como propuestas de instituciones de educación media y superior, así como de las organizaciones de la sociedad civil en cada municipio; y que sus integrantes no deberán tener interés alguno con el Ayuntamiento y no podrán ser propuestos como candidatos al cargo por un periodo de seis años, contados a partir del final de su participación en ese organismo.
Finalmente, subrayó que de aprobarse la iniciativa se contribuiría a la certeza en las relaciones entre gobernantes y gobernados, se fortalecería la defensa frente a los actos ilegales que afecten a los ciudadanos y se fomentaría el respecto a los derechos fundamentales de las personas, especialmente los de audiencia, petición, motivación y fundamentación.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen.