El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato exhortó a los 46 ayuntamientos del estado de Guanajuato, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a intensificar las medidas con perspectiva de género en las instituciones policiacas; así como garantizar condiciones equitativas para el reclutamiento, selección, contratación, ingreso, asenso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción, reconocimiento y máximo desarrollo profesional de mujeres policías, y contribuir a la disminución y eventual erradicación de la violencia cometida en contra las mujeres policías.
La diputada Katya Cristina Soto Escamilla señaló que las mujeres en general afrontan un clima de adversidad, mismo que se reflejaba en las barreras a las que se enfrentan las mujeres policías, debido a que existe una brecha de género que existe al interior de las corporaciones policiacas por las limitaciones en el crecimiento profesional de las mujeres policías, además de las conductas indebidas relacionadas con el acoso, la discriminación y la violencia de género que viven las policías en sus lugares de trabajo.
“A pesar de que las funciones de las mujeres policías se han ampliado, se sigue observando que realizan, principalmente, labores administrativas. Por lo que, desde su incorporación, se ha mantenido un patrón histórico que las asigna al ámbito privado-doméstico y se les asignan actividades administrativas, secretariales o en espacios relacionados con el aseo y labores de cocina; mismas que distan mucho de la carrera policial”, dijo.
La congresista expresó distintas acciones que podrían ser de ayuda para eliminar los malos tratos hacia las mujeres policías, como lo era el mejorar los reglamentos de las policías para que existan sanciones de manera ejemplar al acoso laboral y sexual, junto al desarrollo de protocolos y normas específicas; capacitaciones en materia de violencia y discriminación en razón de género; y la modificación de los lineamientos de ingreso, con la finalidad de garantizar condiciones equitativas para la contratación, asenso y máximo aprovechamiento de aptitudes profesionales.
“Consideramos indispensable que desde el ámbito municipal se intensifiquen las medidas para proteger a las mujeres policías para promover los derechos de las mujeres a disfrutar de igualdad de condiciones que los hombres”, concluyó Soto Escamilla.
Asimismo, precisó que proponían también exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado quien tiene la atribución de organizar, capacitar y controlar los cuerpos de seguridad pública y también a nivel federal a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana ya que, dijo, la violencia de género es un problema que trascendía y afectaba a todos los sectores de la sociedad sin distingo.
Al hablar en contra de la obvia resolución, el diputado Gerardo Fernández González expresó que ante los tiempos difíciles era necesario planear y administrar de manera responsable los recursos económicos, por lo que resultaba indispensable realizar un diagnóstico para conocer el verdadero estado de las corporaciones policiacas de los ayuntamientos.
El congresista consideró que la propuesta planteada utilizaba uno de los temas más frágiles que se vive en la entidad y ponía en dificultades a los municipios por forzarlos a establecer condiciones de contratación y ascensos que se traduce en erogaciones y recursos presupuestales, por lo que consideró que lo más sensato era que la Comisión correspondiente hiciera un análisis para así poder tener los mecanismos correctos para cambiar la ley y con ello mejorar las condiciones de las mujeres policías.
Por su parte, el congresista Jorge Ortiz Ortega habló a favor y subrayó que no era cuestión de presupuesto, sino que sabían que todos los municipios tienen vacantes en su corporación de seguridad pública y que la propuesta iba encaminada a fortalecer la perspectiva de género; que no iba a impactar de manera presupuestal, pero si se podía trabajar cubriendo las vacantes y en fortalecer a las mujeres que laboran en seguridad pública.
Al hablar a favor de la propuesta, la diputada Yulma Rocha Aguilar indicó que coincidían con el punto de acuerdo y mencionó que dada que la lectura del documento era una propuesta que se desprendía de un estudio que realizó la asociación Causa Común se permitiría hacer referencia a diversos aspectos contemplados en el mismo.
Apuntó que ese ejercicio era un reflejo de lo que se daba en todas las organizaciones y le parecía oportuno que se extendiera el exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y solicitó se ajustara la redacción para incluir que se garanticen las condiciones equitativas para el reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción, reconocimiento y sustituir lo relativo al máximo aprovechamiento de aptitudes profesionales por el máximo desarrollo profesional de mujeres policías.
La propuesta fue aprobada con los ajustes planteados por las diputadas Katya Cristina Soto Escamilla y Yulma Rocha Aguilar.