Con el objetivo de dar certeza a la población de que la institución a la que se inscriban cuente con la validez oficial de estudios antes de que se les permita ofertar cualquier tipo de cursos educativos, el diputado Cuauhtémoc Becerra González presentó una iniciativa de reforma de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato.
En la exposición de motivos, el legislador mencionó que la demanda educativa ante la falta de cobertura y la falta de un espacio en las escuelas públicas ha propiciado el surgimiento de escuelas y universidades privadas que más que concentrarse en los contenidos educativos, sus directivos sólo ven la forma de hacer negocio con la educación.
Becerra González reveló que de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública existen 189 planteles de instituciones particulares con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del tipo Superior (RVOES), sin embargo, uno de los principales problemas que enfrenta la población se encuentra en el cómo identificar una institución que cuente con validez.
“Si bien la Ley General de Educación no establece prohibición expresa para las instituciones particulares de obtener el RVOE, los particulares que imparten estudios sin RVOE tienen la obligación de mencionar en toda su publicidad que hagan y documentación que emitan, su calidad de no incorporados para evitar engaños a los estudiantes y sus padres”, dijo.
El legislador recalcó que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) sugiere a los estudiantes que están por cursar bachillerato, carrera técnica, licenciatura o posgrado en alguna institución privada, investigar que ésta cuente con RVOE verificando que la institución mencione en toda su publicidad y documentación el número de acuerdo de RVOE, la fecha de expedición y la autoridad que lo otorgó; además de consultar dicha información directamente ante las áreas responsables de la SEP Federal y las Secretarías de Educación Públicas Estatales.
“Lo que se busca con esta iniciativa es dar certeza a la población de que la institución a la que se inscriban cuente efectivamente con la validez oficial de estudios antes de que se les permita ofertar cualquier tipo de cursos educativos. Por un lado, facilitaría la identificación de los centros cuyos fines son realmente educativos, de aquellos que solamente funcionan como fachada para estafar a la gente. Por el otro lado, la exigencia en la formulación de los planes de estudios para la obtención de la validez oficial se traduciría en una mejora de la oferta de los planes de estudios, así como de su impartición”, finalizó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura.