El grupo parlamentario del Partido MORENA presentó un punto de acuerdo con el objeto de que se inicien los procedimientos necesarios para la contratación del personal de limpieza y seguridad del Congreso como trabajadores de base al servicio del estado.
Se precisa que dichos procedimientos deberán terminarse, a más tardar, 10 días antes de la conclusión de los contratos vigentes que el Congreso tiene con las empresas prestadoras de servicios de limpieza y seguridad, y que en el proceso de selección se priorizará al personal que ha prestado sus servicios como personal subcontratado en el Poder Legislativo.
El diputado Ernesto Millán Soberanes manifestó que, desde el siglo pasado, los derechos laborales son reconocidos como derechos humanos que, incluso, han sentado las bases de los derechos sociales que más tarde se extenderían a toda la sociedad.
Sin embargo, dijo que durante el periodo neoliberal se apuntalaron formas de relaciones laborales que, con las respectivas reglamentaciones desfavorables para el trabajo, institucionalizaron la flexibilización de las obligaciones patronales, exponiendo a las y los trabajadores a condiciones de precariedad que implicaron la disminución de los salarios reales, el aumento de la inseguridad laboral, así como la pérdida de formas de protección laboral previamente ganadas por los movimientos de trabajadores.
Afirmó que, a partir del cambio de gobierno de 2018, se comenzó a construir una nueva política social que tuvo como parte medular la garantía de los derechos humanos laborales, lo que significó un rompimiento con los esquemas de dudosa legalidad que por muchos años fueron consentidos de forma complaciente, e incluso cómplice, por parte del Estado y de algunas de las organizaciones sindicales cooptadas por los intereses patronales.
Millán Soberanes señaló que la mejora de condiciones laborales ha sido una de las principales preocupaciones de la nueva política social, mediante acciones como la elevación del salario mínimo, el impulso a la democracia sindical, y la prohibición de la subcontratación.
“Se ha buscado proteger los derechos laborales de las y los trabajadores, pues la subcontratación puede entenderse como la situación mediante la cual una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, lo cual abre la puerta a prácticas perniciosas en perjuicio de los derechos de las y los trabajadores”, enfatizó.
Agregó que en ese supuesto se encontraban muchos ámbitos de gobierno que subcontratan servicios de limpieza y/o seguridad privada mediante contratos anuales que, pese a ser legales, se traducen en garantías laborales diferenciadas con respecto al resto del personal de las dependencias gubernamentales con sueldos y prestaciones de vacaciones o aguinaldos menores, así como una escasa vigilancia del cumplimiento de las obligaciones patronales para con las y los trabajadores.
En ese sentido, mencionó la situación de las personas que prestan servicio de limpieza y de seguridad privada en el Congreso del Estado e indicó que, si se les contratara como trabajadores de base, esa institución erogaría poco más de seis millones de pesos anuales; era decir, poco menos de un millón de pesos de ahorro gracias a la mejora de las relaciones laborales.
“Les invito a que como representantes populares orientemos todos nuestros esfuerzos a ampliar y garantizar los derechos laborales de todas y todos los trabajadores”, finalizó.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Administración para su dictaminación.