El Pleno del Congreso del Estado aprobó revocar el mandato al ciudadano Antonio Martínez Rodríguez, regidor municipal de Ocampo, por lo que se ordena se llame a Nicolás Serrano Lara, como regidor suplente y tome la protesta ante el Ayuntamiento de Ocampo.
De igual manera, se autorizó a los municipios de Silao de la Victoria, San Diego de la Unión, Jaral del Progreso, Cortazar, Moroleón, Yuriria y Tarimoro sus solicitudes para contratar financiamientos.
Silao de la Victoria, por la cantidad de 35 millones 757 mil 920 pesos para destinarlo a cuatro proyectos de inversión productiva; San Diego de la Unión, por 29 millones 173 mil 119 pesos para nueve proyectos de inversión pública productiva; a Jaral del Progreso, 12 millones 925 mil 50 pesos para seis proyectos de inversión pública productiva; Cortazar, la cantidad de 32 millones 100 mil pesos para la construcción de una Alameda; Moroleón, 24 millones 200 mil pesos para destinarlos a la construcción de un estacionamiento.
En cuanto al municipio de Yuriria se le autorizan 37 millones de pesos para destinarlos a ocho proyectos de inversión productiva y 21 millones de pesos para la construcción y equipamiento de la primera etapa del Rastro Municipal; y a Tarimoro, 14 millones 440 mil 355 pesos para asignarlo a los rubros del Catálogo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
Mismo trámite tuvo el dictamen a fin de dar cumplimiento al acuerdo emitido por la Jueza Décimo Primero de Distrito en el Estado de cumplimiento de la sentencia ejecutoria del juicio de amparo en revisión emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, tramitado bajo el expediente número 27/2022.
También se avaló la modificación de la modificación de la integración de las comisiones de Salud Pública y para la Igualdad de Género para quedar de la siguiente manera:
Comisión para la Igualdad de Género
Secretaria: Dip. Katya Cristina Soto Escamilla
Vocal: Dip. Noemí Márquez Márquez
Comisión de Salud Pública
Secretaria: Dip. Noemí Márquez Márquez
Vocal: Dip. Katya Cristina Soto Escamilla
De igual manera, se aprobaron los Lineamientos y criterios del proceso editorial y los Lineamientos para la realización de actividades o eventos en las instalaciones del Congreso del Estado de Guanajuato.
Además, se aprobaron los dictámenes se cinco propuestas legales en los cuales se ordena su archivo definitivo. La primera relativa a derogar el artículo 222-b del Código Penal relativa al denominado delito de “halconeo”, al respecto el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo habló en contra e indicó que a nivel federal se han otorgado tres amparos que hacen evidente una inconstitucionalidad, debido a que las reformas planteadas atentan contra los derechos humanos, luego de que se haría latente la restricción de las libertades de prensa.
En rectificación de hechos, la congresista Laura Cristina Márquez Alcalá precisó que el dictamen sustenta el archivo de dos iniciativas sobre el delito de halconeo. Agregó que, dentro la teleología del tipo penal no incluye a periodistas, ni desde su elaboración se consideró que fuera aplicado en su contra por el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, destacó que no se tiene ningún antecedente en donde se haya iniciado un proceso de investigación o juicio en contra de estos por ejercer su derecho de acceder a la información; y subrayó que desde la Comisión se consideraron como referencia las acciones de inconstitucionalidad de otras entidades federativas
La segunda sobre dos iniciativas de reforma al Código de Procedimientos Civiles con el objeto de actualizar las figuras de guarda, custodia y convivencia de niños, niñas y adolescentes; y ampliar el plazo para la apelación de sentencias de juicios orales; la tercera, relativa a la propuesta para modificar el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato que buscaba que en la construcción de plazas y centros comerciales se previeran de manera gratuita cajones de estacionamiento; la cuarta, proponía cambios a la Constitución Política local para modificar la fecha de entrada en funciones de las administraciones públicas municipales.
Al hablar en contra, el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo dijo que en el dictamen no se ofrecen los datos específicos que contemplen la forma en la que se vería afectado el calendario electoral, por lo que adelantar la toma de protesta no afectaría los procesos de impugnación y tampoco se atenta contra la justicia electoral.
Asimismo, el legislador indicó que se está perdiendo la oportunidad de hacer reformas que puedan fortalecer las facultades de los ayuntamientos electos, porque el modificar el inicio de actividades en los municipios ayudaría a que se presentaran desde el primer año su proyecto de ingresos y su presupuesto de egresos.
Al pronunciarse a favor, la diputada Briseida Anabel Magdaleno González manifestó que de acuerdo con el estudio de grupo donde se concluyó como inviable la propuesta, se consideró impactaba en dos vertientes, desde la perspectiva del proceso de planeación, programación y presupuestación y desde la perspectiva electoral.
Asimismo, destacó que es fundamental tomar en cuenta la fecha en la que toman posesión los 46 ayuntamientos, y la cual no ha generado inestabilidad política, por lo que no se justifica el adelantarla, pues el solo cambio no genera desarrollo, crecimiento o rendimiento gubernamental en la función de estos.
El último, a un punto de acuerdo que pretendía exhortar a la Fiscalía General para que diera a conocer al Congreso las causas por las que no se han podido identificar la totalidad de los restos humanos hasta ahora encontrados en fosas clandestinas; así como al titular del Ejecutivo estatal para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, se brindara protección y apoyo técnico a los colectivos de familiares de personas desaparecidas.