El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual tiene como objetivo abrir alternativas que contribuyan a facilitar el acceso a opciones financieras para empresas en el sector constructor.
Al dar lectura a la exposición de motivos, el diputado José Alfonso Borja Pimentel refirió que el sector constructor era uno de los ejes centrales de la economía nacional y local, que aporta arriba del 7% del Producto Interno Bruto y se ubica en la cuarta posición generadora de riqueza del país.
Afirmó que la industria tiene características distintivas frente a otros sectores por lo que se requieren políticas que consideren las condiciones y problemáticas que inciden en su desempeño.
En ese sentido, subrayó que, debido a la relevancia económica del sector constructor, la iniciativa tendrá impactos al mejorar las condiciones de liquidez, la celeridad de cobertura de obligaciones y la creación de una alternativa que permite abrir opciones para mejorar la administración de flujos de efectivo en una industria que genera miles de empleos en el Estado.
“En una industria demandante de gasto de capital, con exigencias de liquidez y en un escenario con niveles de inflación que incide en bienes del sector, es preciso diversificar alternativas que permitan a las empresas acelerar los procesos de cobro a fin de mejorar la solvencia de sus obligaciones”, enfatizó.
Agregó que con la propuesta se pretende mejorar la salud financiera de las empresas del sector, al permitir acelerar los flujos de efectivo disponibles; construir una alternativa que coadyuve a acelerar el pago de sus obligaciones; coadyuvar a mejorar el flujo de efectivo de las empresas y facilitar la atención de las exigencias de capital que se requieren en el sector.
Borja Pimentel indicó que también se pretende que las empresas tengan acceso a una solución que permita mejorar sus niveles de liquidez, a través de los propios contratos firmados, sin tener que incrementar las obligaciones o compromisos utilizando activos diversos de la propia sociedad.
Finalmente, apuntó que la norma vigente establece la cesión a través de instituciones financieras, por lo que se busca conservar exclusivamente como condicionantes de la cesión de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados o facturas, contar con el consentimiento del ente público contratante y de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, de la Tesorería Municipal o del ente público que administre los recursos, según corresponda.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública para su estudio y dictamen.