La diputada Dessire Ángel Rocha de la representación parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano formuló una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato en materia de movilidad y seguridad vial.
En su exposición de motivos, señaló que las políticas de movilidad en México han adoptado el transporte privado y público tradicional, con efectos medioambientales negativos, priorizando la movilidad en automóvil privado, utilizado apenas por el 10% de la población, y que la mala calidad del transporte colectivo, orilla a los segmentos de ingresos limitados a hacer esfuerzos financieros para optar por el auto privado.
Afirmó que el derecho de cada persona a la ciudad y a la movilidad, con independencia de sus condiciones materiales y disponibilidad de infraestructura, debe resolverse de mejor manera, de formas más sostenibles e integradoras, sin olvidar en cada caso la distribución de la renta y la interdependencia de los derechos.
La legisladora se refirió a la reforma constitucional federal en materia movilidad y seguridad vial, la cual, dijo, convirtió al Estado Mexicano en pionero en el reconocimiento de la movilidad como un derecho humano, ya que no existe un precedente internacional que lo haya reconocido en su texto constitucional de manera expresa.
Ángel Rocha indicó que el derecho a la movilidad es indispensable para satisfacer las necesidades y el pleno desarrollo humano, así como para tener una vida digna, y representa una evolución del derecho a la libertad de tránsito, pero incorpora una visión más integral sobre el medio ambiente y formas sostenibles de desplazarse.
“La movilidad es una condición para el ejercicio de otros derechos fundamentales como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, el trabajo o la cultura”, dijo.
Asimismo, mencionó que de aprobarse la propuesta se beneficiará de manera importante a toda la población guanajuatense mediante el reconocimiento de su derecho humano a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, y que se consideraría en la administración pública municipal, la inclusión de criterios inherentes a la realización de ese derecho humano en la planeación y la aplicación de las políticas públicas necesarias.
La propuesta plantea incluir que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad; así como establecer en las facultades y obligaciones del ayuntamiento en lo relativo a movilidad y seguridad vial.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.