La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, formuló una iniciativa de reforma a la Ley de Salud estatal con la finalidad de dar certeza jurídica a los establecimientos conocidos como anexos, especificando los requisitos que deben de cumplir para su funcionamiento, además de establecer la facultad y obligación de las autoridades locales y municipales a vigilar que no existan anexos clandestinos.
En la exposición de motivos, la legisladora refirió que han sido varios sucesos lamentables que se han presentado en los centros de rehabilitación, siendo el de mayor peso el ocurrido en julio del 2020, cuando un comando armado cobró la vida de 28 personas que se encontraban en los denominados anexos, teniendo en común que ninguno de los sitios contaba con todos los permisos que a nivel federal y estatal se requieren para operar.
“De acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) hay aproximadamente 3 mil Centros de rehabilitación en todo el país y solo 400 cuentan con sus permisos y documentación en regla. Específicamente en Guanajuato, la Secretaría de Salud ubica por lo menos 250 centros de rehabilitación, de los cuales únicamente 13 cumplen las normas. Asimismo, de acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal, en la entidad existen 286 anexos, de los cuales 262 son irregulares”, dijo.
La congresista señaló que el problema principal de estos establecimientos es que por parte del gobierno local y municipal no se tiene la menor intención de apoyo para las personas que requieren atención profesional para curar alguna adicción y poder reinsertarse a la sociedad, agregando que la falta de regulación en los anexos ha dado pie a que existan malos tratos y abusos al interior de dichos lugares.
“La presente iniciativa pretende dar certeza jurídica a los establecimientos conocidos como anexos, especificando los requisitos que deben de cumplir para su funcionamiento; establecer la facultad y obligación de las autoridades locales y municipales a vigilar que no existan anexos clandestinos; evitar la existencia de establecimientos clandestinos para el tratamiento y atención de las adicciones; y coadyuvar a eliminar los malos tratos, vejaciones y abusos que se cometen al interior de los centros, al amparo de la clandestinidad con que operan”, concluyó Alcaraz Hernández.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictamen.