La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y los diputados Alejandro Arias Ávila y Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal estatal, con el objetivo de adicionar un delito específico para empresarios, industriales y administradores o responsables de una empresa, cuando a sabiendas o por negligencia por no tomar las acciones respectivas de reparación o remediación, se están emitiendo contaminantes gaseosos o líquidos en cualquiera de sus especies.
Al hacer uso de la voz, el congresista Gustavo Adolfo Alfaro Reyes señaló que el cambio climático constituye la crisis definitoria de estos tiempos y está ocurriendo aún más rápido de lo que se temía, ocasionado principalmente por las actividades humanas, como el uso de combustibles fósiles, la agricultura, la ganadería, y muchas otras actividades humanas que emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero, así como de dióxido de carbono y de metano, que llegan a la atmósfera y retienen el calor en la Tierra.
“Cuanto más esperen los gobiernos para tomar medidas significativas, más difícil será resolver el problema y mayor será el riesgo de que las emisiones se reduzcan por medios que aumenten la desigualdad, en lugar de reducirla. La falta de medidas de los gobiernos para abordar el cambio climático, pese a las acuciantes pruebas científicas, podría ser la mayor violación de derechos humanos intergeneracional de la historia”, dijo.
El legislador refirió que, si bien la tecnología ha contribuido al cambio climático, las tecnologías nuevas y eficientes pueden ayudar a reducir las emisiones y a crear un mundo más limpio, tomando en cuenta que existen soluciones tecnológicas disponibles para más del 70 % de las emisiones actuales, así como para evitar la contaminación de subsuelo y de las fuentes hídricas.
Por lo anterior, Alfaro Reyes precisó que es necesario varias acciones coordinadas, por los órganos del Estado, entre las que se encuentran las legislativas para contrarrestar los efectos ocasionado por el deterioro ambiental con razón de la generación de productos que priorizan el desarrollo económico, ante la negativa de incumplimiento de normativas ambientales por parte de los industriales.
“Lo anterior como una acción legislativa a efecto de castigar las conductas que atenten contra el medio ambiente, pero, sobre todo, lo dañen en forma temporal o irreversible en perjuicio de las nuevas generaciones, es decir, de los niños, niñas de hoy y del futuro, priorizando la ganancia económica, la negligencia o el actuar doloso para no operar conforme a las normas ambientales que deben cumplir la actividad económica en la que se desarrollen”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.