El diputado David Martínez Mendizábal, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular de Secretaría de Seguridad Pública y al de la Secretaría de Salud a que cumplan a la brevedad con las recomendaciones que se derivan de violaciones de derechos humanos con base en las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales.
De igual manera, para solicitar al gobernador del estado destine los recursos públicos suficientes para generar la infraestructura necesaria y dotar de los servicios para la atención de la salud mental de las y los guanajuatenses; así como contar con el personal de salud capacitado para ofrecer los servicios de atención en la materia y realizar las acciones necesarias para la sensibilización de los servidores públicos del sector salud y de seguridad pública, a fin de que cuenten con protocolos de atención para evitar la revictimización y vulneración de los derechos humanos de las personas con problemas en su salud mental en Guanajuato.
Al dar lectura a las consideraciones del documento, el congresista se refirió al caso de 12 pacientes diagnosticados con padecimientos psiquiátricos que estuvieron recluidos en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago (Cereso Mil) hasta 17 años. Lo anterior, pese a ser declarados inimputables de toda responsabilidad penal.
Se refirió a la recomendación emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), en la que pide resarcir el daño y sancionar a quienes sean responsables. Asimismo, hizo un recuento de lo ocurrido y señaló que tardaron años en solicitar el traslado a un centro de salud mental, violando con ello el derecho a la salud de los inimputables, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 109 “Reclusos con discapacidades o enfermedades mentales” de las Reglas Nelson Mandela.
“Es claro, y más que evidente, que el gobierno de Guanajuato, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de Salud de Guanajuato, violó estas disposiciones internacionales, por haber tenido bajo prisión en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago durante 17 años a 12 pacientes diagnosticados con padecimientos psiquiátricos”, finalizó.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Salud Pública para su dictaminación.