Convocado por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, se llevó a cabo una mesa técnica para el análisis de las propuestas, en el marco de la agenda común, en materia de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.
El diputado David Martínez Mendizábal refirió que el propósito de la reunión era escuchar las diversas opiniones sobre la citada ley, ya que su importancia radica en la problemática de personas desaparecidas que se presenta en la entidad y que aún queda por realizar un trabajo extenso en la materia.
Por parte del Instituto de Investigaciones Legislativas mencionaron que se realizó un estudio comparativo de las legislaciones locales en la materia, en donde se destacan algunos conceptos que son un campo de oportunidad para la norma local, como los principios, autoridades y cómo funcionan los organismos en las diferentes legislaciones que abordan el tema en todos los estados de la república.
Al hacer uso de la voz, la congresista Briseida Anabel Magdaleno González planteó las consideraciones que tienen en varios artículos de las propuestas de reforma, como que se incluya la perspectiva de género dentro de la ley, el lenguaje inclusivo y el Protocolo de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, este último con el objeto de garantizar la diferenciación y especialidad del trabajo de búsqueda.
Asimismo, subrayó que en la iniciativa que se discutirá sobre el paquete fiscal, se ha propuesto para el 2023 un aumento de más de 90% para la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y que se propone duplicar las asignaciones propuestas para la Comisión de Búsqueda.
Las y los participantes también coincidieron con que se debe realizar una armonización a toda la ley para que se incluya el lenguaje inclusivo, precisaron que se debe definir de manera puntual a quien le corresponde la facultad de aplicar y generar los protocolos.
Respecto al tema de fosas, que no se encuentra meramente regulado en la Ley General, se cuestionó si el Congreso cuenta con la facultad para crear esa figura; mencionaron que se cree cada una de las diferenciaciones para los grupos independientes, colectivos y grupos de búsqueda, así como sus atribuciones.
La diputada Magdaleno González planteó que se incluya en la ley el concepto de Centro Nacional de Identificación Humana y precisó que para darle mayor legalidad, certeza y reforzar las sesiones del Sistema Estatal se retome una redacción más clara relativa al concepto de mayoría para lograr tener quorum y votación, a fin de tener más claridad sobre el desarrollo de las sesiones.
También dialogaron sobre los mecanismos de participación y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno; el registro de fosas clandestinas, el nombramiento y remoción de la persona titular de la Comisión de Búsqueda y que el proceso de selección de la persona titular de dicha Comisión se guíe bajo los principios de transparencia, publicidad, igualdad y no discriminación.
Además, analizaron las atribuciones de la Comisión de Búsqueda, del Consejo Consultivo y de cada uno de los grupos de búsqueda, dentro de los que mencionaron el Registro Estatal y las fichas de búsqueda; consideraron se debe armonizar la definición de los grupos independientes de búsqueda y definir sus competencias específicas; también hablaron sobre los recursos económicos para la mencionada Comisión y los destinados a la Fiscalía Especializada.
La homologación de términos como el de banco de datos forenses; información reservada, sensible y datos personales; la capacitación sobre las personas que intervienen en el sistema; y las células municipales de búsqueda, fueron otros de los temas dialogados.
Finalmente, el legislador David Martínez Mendizábal consideró que el análisis articulado que realizaron este día abona a perfeccionar el documento final, y mencionó que continuarán trabajando para afrentar el grave problema de las personas desaparecidas y la búsqueda de personas.
En la reunión estuvo presente la diputada Briseida Anabel Magdaleno González y el diputado David Martínez Mendizábal. Además, participó la Unidad de las Finanzas Públicas, el Instituto de Investigaciones Legislativa y la Dirección de Evaluación y Monitoreo Legislativo.